Oaxaca, Oax.- Autoridades municipales, ejidales y consejos de vigilancia de comunidades de los distritos de Ejutla de Crespo, Tlacolula de Matamoros y Ocotlán de Morelos, emitieron un decreto para declarar su territorio prohibido para la minería, toda vez que afecta una extensión de más de 49 mil hectáreas de ejidos en Oaxaca.

El documento será entregado a dependencias federales y estatales para dar a conocer la decisión de las comunidades de no permitir el saqueo y operación de empresas mineras en al menos una decena de comunidades al dañar y poner en riesgo el medio ambiente y estabilidad social.

Además exigen la cancelación de las concesiones y permisos otorgados por gobierno federal para la operación de 18 proyectos que actualmente están proceso y expansión.

La autoridades exigen la salida de las mineras Cuzcatlán Fortuna Silver, Arcelomital, Plata Real Sunshine Silver, Geometales Radius Gold, Zalamera Ghesapeane Gold Resource Corp, Altos Hornos de México y Áurea Mining, quienes se encuentran extrayendo oro y plata de las comunidades de Oaxaca, y en otros casos en exploración de cobre.

Respaldos por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, las autoridades manifestaron que prohíben la emisión de autorizaciones a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles o cualquier otra instancia de gobierno para explotación y aprovechamiento para la extracción de minerales del subsuelo de las comunidades.

Asimismo, señalaron que no asumen la responsabilidad de garantizar la integridad física de quienes acudan a las comunidades a realizar estudios o intenten trabajar.

Mientras que a sus habitantes les prohíben facilitar que personas ajenas al ejido realicen cualquier tipo de estudios, así como a las autoridades agrarias y municipales firmar y autorizar que tenga por objeto permitir cualquier tipo de estudio de prospección, quien lo realice será removido del cargo.

De la misma manera, rechazan el programa Fanar, para otorgar dominio pleno porque es una situación favorable a las empresas para que impongan los proyectos mineros.

Acusaron, a las empresas de generar la división al interior de las comunidades, contaminación, entran con engaños y corrompen a autoridades municipales como estatales prometiendo inversión y apoyos.

Raúl Castellanos Hernández, comisariado ejidal de Monte del Toro, indicó que solo en San José del Progreso y San Pedro Totolapam, la concesión otorgada a la minera Cuzcatlán tiene una vigencia de 50 años, periodo en el que estará saqueando metales preciosos.

Señaló que en San José de Progreso del 2010 al 2012 se dieron cuatro asesinatos, la comunidad está dividida y existe polarización.