Oaxaca, Oax.- El titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, afirmó que en Oaxaca, las autoridades que se nieguen a cumplir con las recomendaciones emitidas por los órganos estatales, nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, están expuestas a una sentencia que puede llegar al cese de funciones, consignación ante las instancias correspondientes o al pago de la reparación del daño.

Al dar a conocer que en los últimos meses la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia ha dado seguimiento a dos controversias constitucionales, tres juicios para la protección de los derechos humanos y a un antecedente de juicio para la protección de los derechos humanos, destacó que actualmente se atiende una demanda presentada por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud (SITyPS).

El magistrado Lagunas Rivera puntualizó que este órgano jurisdiccional –el cual inició funciones en octubre del 2013 en cumplimiento a la Reforma Constitucional promovida en 2011 en Oaxaca-, es considerado pionero en el fortalecimiento de la labor de las comisiones protectoras de los derechos humanos, no sólo en México sino en América Latina, y a él pueden recurrir los ciudadanos cuando consideren que sus garantías individuales han sido violadas.

Por su parte, respecto al caso del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud, el presidente de la Sala Constitucional, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez informó que recientemente se realizó una audiencia para revisar la situación derivada del incumplimiento por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca de una resolución emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Explicó que al acreditar la Defensoría la existencia de violaciones a los derechos de algunos integrantes de este Sindicato, emitió una recomendación en la que solicitó que de manera inmediata se les hicieran extensivos sus derechos laborales y a la seguridad social, con apego a la libertad de sindicación y sin discriminación de ningún tipo, lo cual hasta ahora la dependencia no ha acatado.

El magistrado Pinacho Sánchez manifestó que durante el proceso, la formulación de alegatos de los intervinientes se inició a partir de las pruebas de los hechos acontecidos que las partes presentaron ante las autoridades; resultado de ello se estableció una audiencia para el desahogo de las pruebas admitidas. Posteriormente, informó, el caso será turnado a cada uno de los integrantes de la Sala Constitucional para que en reunión de Pleno sea analizado.

Al concluir las etapas de estudio del proceso, se dictaminará la sentencia correspondiente, la cual podría ser condenatoria, obligando a las autoridades a cumplir con lo establecido en la recomendación emitida por la DDHPO, o también absolutoria, es decir, que otorgue la razón a la parte acusada. “La atención de los procesos se basa en fungir una función pública judicial donde no queden impunes las violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.

La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que opera bajo el esquema de los juicios orales, está integrada también por la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez y el magistrado Fernando Enrique Méndez Ortega.

(A partir de este lunes 28 de diciembre, faltan 173 días para la implementación del Sistema Penal Acusatorio).