Oaxaca, Oax.- En el marco del encuentro estatal de comunidades y organizaciones contra las mineras que se efectuó 29 y 30 de enero en el Cerro de las Huertas en Ejutla de Crespo, unas 30 organizaciones, 40 pueblos indígenas, 2 centros de investigación y 3 Radios Comunitarias, procedentes de los Valles centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo y Cañada, rechazaron los proyectos de explotación minera que pretende imponer el gobierno federal con la anuencia del Gobierno de Oaxaca, en la agencia municipal del Monte del Toro, Ejutla de Crespo.

Por este motivo, emitieron una declaración en defensa de sus derechos humanos, ambientales, culturales, económicos y exigir la cancelación de concesiones cuyas empresas han vulnerado el derecho al agua y despojo de sus territorios.

En el encuentro donde hicieron presencia autoridades municipales, líderes y representantes de organizaciones sociales, alzaron la voz con un solo objetivo de generar un espacio de reflexión a nivel estatal sobre los principales avances y desafíos de los movimientos contra la minería; fortalecer las resistencias, defensa de las comunidades y organizaciones sociales de Oaxaca, además analizar las condiciones para generar actividades articuladas a nivel regional y estatal.

Una vez reunidos con una sola finalidad de oponerse al proyecto de las mineras, se discutieron varios temas enfocados a esta problemática del medio ambiente poniendo en riesgo la vida comunitaria de comunidades de Oaxaca, situación que han dejado polarizada a la población de San José del Progreso, que hasta el momento la Minera Cuzcatlán ha dividido el pueblo y atraído enfrentamiento entre la población, dijo Rosa Linda Dionisio Sánchez, representante de la Coordinación de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Cepevo) Asociación Civil.

Según la activista en su participación en el encuentro estatal de comunidades y organizaciones, aseguró que la minería es la expresión de un modelo de denominación, sustentado en la extracción irracional de los bienes comunales de los pueblos, que se sustentan en el despojo. Solo en el territorio estatal existen más de 400 concesiones, 35 proyectos mineros, impactando prácticamente en las ocho regiones de nuestro estado. De los cuales ninguna de estas concesiones y/o proyecto tienen el permiso de los pueblos y comunidades, reprochó Dionisio Sánchez.

Además, agregó, que a los pueblos se nos violentan nuestros derechos a la información, pues existen en nuestros territorios concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias, además la información que existe sobre las concepciones es manipulada a modo del gobierno estatal y federal, parcial y poco accesible.

Sin embargo, expuso que está condición vulnera otros derechos fundamentales como son la autonomía, el territorio y violenta nuestros sistemas comunitarios en los ámbitos, económicos, políticos, sociales y culturales.

“Nuestros territorios sostienen la economía y alimentación comunitaria y regional, los proyectos mineros también amenazan gravemente dichas formas de vida, generando una contaminación irreversible en nuestro medio ambiente”, sostuvo.

Del mismo modo, aseguró que las empresas mineras violenta nuestros derechos utilizando diversas estrategias y mecanismos para dividir y confrontar a las comunidades, por otro lado, los gobiernos federal y estatal genera modificaciones legislativas e institucionales en beneficio de los intereses de las empresas trasnacionales tales como el Fondo Minero, dichos cambios tienen como finalidad el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas.

Por lo tanto, se criminaliza el trabajo de las y los defensores del territorio, se les persigue, encarcela y en el peor de los casos se les priva de la vida. El sistema de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de esta situación nuestros pueblos se organizan para defender la tierra, el territorio y nuestros bienes comunes, combinando diversas estrategias de resistencia pacífica.