Urgió esclarecer los 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los años 2006 y 2007, así como profundizar en la investigación y cumplimentar las seis órdenes de aprehensión giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social con apoyo de esta Comisión agilizar las diligencias necesarias para la consignación de los casos de ejecución extrajudicial de José Eleuterio Jiménez Colmenares y el caso de tortura cometido en contra de Emeterio Marino Cruz.

A la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le pidió transparentar los recursos públicos otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442.

De acuerdo al informe, durante el conflicto social del 2006 se cometieron agravios en contra de 33 comunicadores y la ejecución de dos periodistas; mientras que 20 defensores de derechos humanos fueron amenazados y hostigados.

A raíz de estos acontecimientos, la CVO pidió crear medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar que los derechos y libertades para el trabajo de defensa de los derechos humanos estén efectivamente garantizados por el Estado y sus instituciones.

"Se recomienda a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarecer plenamente la ejecución del periodista norteamericano Bradley Roland Will, la consignación de los autores materiales e intelectuales de este hecho".

En cuanto al exilio de Ramiro Aragón Pérez, quien recibió asilo político en Estados Unidos, solicitó pueda regresar al país con plenas garantías de respeto a su libertad e integridad.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las Secciones XXII y LIX, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.