* La experiencia internacional ha demostrado que encarcelar a los operadores visibles no desmantela las estructuras profundas del dinero —su origen, flujo y destino—que sostiene a las organizaciones criminales.

* Es indispensable rastrear operaciones inusuales, identificar redes de lavado de dinero y detectar vínculos entre recursos ilícitos y actores aparentemente legales en sectores económicos, políticos y sociales.


Es altamente positivo el fortalecimiento de la coordinación del gobernador Salomón Jara con el Gobierno de México, a través de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

Sin embargo, Oaxaca se pondría a la vanguardia nacional con mayor trabajo de inteligencia financiera y extinción de dominio como ejes del combate a la delincuencia organizada.

En un contexto nacional marcado por la persistencia de estructuras criminales cada vez más sofisticadas, Oaxaca tiene ante sí una oportunidad histórica: colocarse a la vanguardia en el combate a la delincuencia mediante el uso estratégico de la inteligencia financiera y la aplicación efectiva de la extinción de dominio.

Más que una apuesta discursiva, se trata de un cambio de paradigma en materia de seguridad que podría transformar la forma en que se enfrenta al crimen organizado y a la corrupción, ya que cada día utilizan más ingeniería financiera.

Durante décadas, la política de seguridad en México se ha centrado en la persecución directa de los delincuentes, privilegiando detenciones y operativos reactivos. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que encarcelar a los operadores visibles no desmantela las estructuras profundas que sostienen a las organizaciones criminales.

El dinero —su origen, flujo y destino— sigue siendo el verdadero motor de estas redes. Es ahí donde la inteligencia financiera cobra relevancia. La inteligencia financiera implica rastrear operaciones inusuales, identificar redes de lavado de dinero y detectar vínculos entre recursos ilícitos y actores aparentemente legales.

No solo se trata de seguir el rastro del efectivo, sino de entender cómo el crimen se infiltra en sectores económicos, políticos y sociales. En este sentido, Oaxaca podría fortalecer sus capacidades institucionales mediante la coordinación entre instancias estatales, federales y organismos autónomos, apostando por el análisis de datos, la tecnología y la profesionalización de sus cuadros técnicos.

Pero la inteligencia, por sí sola, no es suficiente. Debe ir acompañada de mecanismos jurídicos contundentes, y es aquí donde la extinción de dominio se vuelve una herramienta clave.

Esta figura permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito sin necesidad de una sentencia penal previa, siempre que se acredite su vinculación con actividades delictivas. En otras palabras, golpea directamente los bolsillos del patrimonio de las organizaciones criminales, debilitando su capacidad operativa.

La aplicación efectiva de la extinción de dominio no solo tiene un efecto punitivo, sino también simbólico y preventivo. Envía un mensaje claro: el delito no será rentable. Además, los bienes recuperados pueden ser reutilizados en beneficio social, convirtiendo lo que antes era producto del crimen en recursos para el desarrollo comunitario.

Para que Oaxaca se convierta en referente nacional en este ámbito, es indispensable superar varios desafíos. El primero es la voluntad política real para implementar estas herramientas sin sesgos ni selectividad. El combate a la delincuencia no puede ser utilizado como instrumento de persecución política ni como espectáculo mediático.

El segundo reto es fortalecer el marco institucional. Se requiere capacitar a ministerios públicos, jueces y cuerpos de investigación en materia de análisis financiero y litigio especializado. Asimismo, es fundamental garantizar la autonomía y coordinación de las instancias encargadas, evitando la fragmentación que históricamente ha debilitado las políticas de seguridad.

El tercer elemento es la transparencia. La sociedad debe conocer cómo se aplican estas herramientas, qué bienes se recuperan y cómo se utilizan. Solo así se generará confianza y legitimidad en las acciones del Estado.

No se puede perder de vista que la delincuencia organizada prospera en contextos de desigualdad, impunidad y debilidad institucional. Por ello, la inteligencia financiera y la extinción de dominio deben formar parte de una estrategia integral que incluya prevención social del delito, fortalecimiento del Estado de derecho y combate a la corrupción.

Si Oaxaca logra articular estos elementos con eficacia, no solo avanzará en la reducción de la delincuencia, sino que podría convertirse en un modelo replicable a nivel nacional. No se trata de promesas grandilocuentes, sino de decisiones estratégicas que, bien ejecutadas, pueden marcar un antes y un después en la seguridad pública del estado.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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