En menos de dos meses, los mexicanos acudiremos a las urnas. En este proceso electoral se habrá de elegir presidenta o presidente de la República; senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales. Son miles de cargos de elección popular los sujetos a elección. En Oaxaca, además de presidente y senadores, hay 10 distritos electorales federales y 25 locales –con 17 adicionales por la vía de representación proporcional-, para integrar el Congreso local.

Si bien, no en los parámetros de otras entidades, en Oaxaca, según ha reconocido la Secretaría de Gobierno, hay comunidades que han sido calificadas como focos rojos para la jornada electoral del próximo 2 de junio. Es decir, hay problemas internos que podrían obstaculizar la instalación de consejos municipales electorales e, incluso, la de casillas. El gobierno de la Primavera Oaxaqueña deberá poner en juego su capacidad de negociación para poder llevar a cabo una jornada con tolerancia y civilidad.

Y es que, en el entorno nacional, las elecciones 2024 se han pintado de rojo. El fracaso de la política de seguridad cifrada en los “abrazos y no balazos”, está mostrando su lado más oscuro. Hasta el pasado fin de semana, 26 candidatos y candidatas de diversos partidos políticos habían sucumbido en ejecuciones, vendettas y ajustes de cuentas de los grupos criminales. Son éstos los que han enrarecido el clima electoral, estimulando la violencia y la muerte.

Y se han dado incidentes graves en Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Michoacán. Eso sin soslayar las elecciones de 2021, cuando la delincuencia estuvo activa en el secuestro de operadores políticos; candidatos de oposición al partido en el poder y otras acciones de intromisión, amenaza e intimidación en varias entidades del país. A pesar de las denuncias, el Estado Mexicano las minimizó. Es decir, no pasó nada. Pero hoy, la violencia criminal ha demostrado que querrá imponerse por encima de las instituciones.

De no estar el país tan polarizado y la delincuencia tan desatada ante la mirada complaciente del gobierno federal, no habría necesidad de utilizar a la Guardia Nacional o a las policías estatales para blindar a candidatos y candidatas. Su papel no es precisamente de proteger entes particulares, cuando la inseguridad es el látigo que fustiga el pueblo mexicano. Además, no se puede apostar a un proceso electoral en donde permee el miedo y la zozobra.

Más allá de la confrontación entre adversarios políticos, del debate; de su oferta política y la búsqueda del voto mayoritario de la ciudadanía, lo que el gobierno de la República debe garantizar son elecciones libres y un ambiente de seguridad, en donde sin restricción alguna, cada uno de nosotros debamos ejecer el sufragio. (JPA)