El gobierno de la Primavera Oaxaqueña debe meter mano dura en el transporte. Escenarios de violencia del pasado, que pensamos no habrían de repetirse, vuelven con singular impunidad. Es el caso de la golpiza que les fue propinada a algunos taxistas de la zona de Etla, la semana pasada, cuyo video se hizo viral. Lo anterior puso en tela de juicio el ficticio acuerdo de paz suscrito con inédita movilización en días previos de la Semana Santa, entre sindicatos y confederaciones que, materialmente, han hecho del transporte concesionado un verdadero cártel.

En efecto, se trata de poderes fácticos en donde todo es permisible. De no ponerle atención a este escabroso asunto, en breve estaremos en los mismos escenarios del estado de Guerrero. Hostigamiento, amenazas, golpes en plena vía pública, para alinear a quienes se resisten al control de grupos delictivos. Líderes y dirigentes blindados por escoltas armados, paseándose por la ciudad, creando terror entre la ciudadanía. ¿Cuántos votos le aportarán al partido en el poder, para permitirles estas bajezas? Es un acertijo.

Todo ese tipo de tropelías no han tenido sanciones y castigos, más que declaraciones y tarjetas informativas de la Secretaría de Movilidad, en donde la titular sigue sin poder perfilar una política de racionalidad, eficiencia y legalidad en el transporte concesionado. Burocratismo, falta de placas, de tarjetas de circulación, dilatorios trámites para licencias de conducir, han sido, entre otros, los temas que viene arrastrando la citada dependencia, en donde, como dijimos, la incompetencia es carta de presentación.

El transporte concesionado, cuya membresía en unidades ha crecido de manera exponencial desde hace al menos tres sexenios, se convirtió en una moneda de cambio no sólo de sindicatos y confederaciones, sino también de un amplio directorio de organizaciones sociales y, también hay que decirlo, de muchos exfuncionarios y funcionarios. Abrir la lista de beneficiarios de concesiones daría muchas sorpresas. Sin embargo, la opacidad campea.

El caso es que el transporte concesionado y quienes tienen el control del mismo, sigue con las mismas prácticas del pasado. Disputas y violencia, que son amenazas a la paz social y a la gobernabilidad. Y todo aquello que en trastoque la tranquilidad ciudadana, ahora que se acerca el proceso electoral del 2 de junio, debe ser pasado por el rasero de la ley. ¿O acaso se dejará que los poderes fácticos, contribuyan a enrarecer el clima de civilidad, tolerancia y participación, al que le apuesta el gobierno de la Primavera Oaxaqueña? Es pregunta. (JPA)