“El poder absoluto sólo les gusta a los peores gobernantes, pero hasta los más notables, prefieren tener límites”
Tácito, Historias, Libro IV, 8, p. 240

1).- Historial de excesos

Los atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de vialidad y jefes policiales en Santa Lucía del Camino, no es nada nuevo. El 5 de agosto de 2017, según la nota del reportero Tomás Martínez, Zeferino Soriano de 35 años de edad, murió a consecuencia de los golpes que le propinaron policías municipales. El 5 de junio de 2021, la Fiscalía General del Estado detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del presunto autor material, de acuerdo a la causa penal 493/2017.

El sábado 31 de agosto pasado, el joven Diego Ignacio Paz, estudiante de Comunicación en la Universidad Anáhuac, al querer salvar un operativo de alcoholímetro, atropelló a elementos policiales y al huir fue baleado, lo que le provocó la muerte. Hay dos detenidos y el edil, Juan Carlos García Márquez, cesó y aceptó la renuncia de comandantes y del director de Seguridad Pública, Marcos Fredy Hernández, conocido por sus abusos.

2).- Extorsión y corrupción

En nuestra atomizada nomenclatura municipal, los ediles se asumen caciques de horca y cuchillo. En el área conurbada, los excesos y atropellos en los operativos de revisión de documentos y alcoholímetro son cotidianos. Hay dudas respecto al destino de los millones entre multas, aseguramiento de vehículos, el arrastre con negocios de grúas pactados previamente, pago de corralones y demás. ¿Cuántos vehículos desaparecidos de los 750 que fueron vendidos de manera ilícita del corralón “Primavera” en la capital, habrían sido asegurados en dichos operativos Suponemos que muchos.

Cada fin de semana –o cuando se les ocurre- en municipios como Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz y San Jacinto Amilpas o San Antonio de la Cal, gobernados por Francisco Martínez Neri, Inocente Castellanos, Cristian Baruch Castellanos, Gabriela Díaz y Porfirio Santos, respectivamente, también montan sus operativos para detectar alcohol en los conductores, devenidos mecanismos de extorsión. Aunque se dice es para inhibir el consumo del mismo y evitar conducir bajo sus efectos, jamás han resultado eficaces para ese fin.

3).- Negocio redondo

En dichos municipios la proliferación de antros y cantinas es un hecho irrebatible. Oaxaca de Juárez se ha convertido en un gigantesco congal. En una barra al aire libre. Hasta el Cabildo han llegado las denuncias de corruptelas para la apertura de antros o terrazas habilitadas como tales. Amenazas de cierre si no se ponen a mano.

A unos se las dejan caer, en otros les solapan violaciones a la ley. Una situación similar se da en otros municipios conurbados con autoridades cómplices.

Una contradicción: por un lado se pretende acotar el consumo de alcohol y, por otro, se abren más centros para su venta. Los operadores son protegidos y
solapados. Sin embargo, el abanico de abusos va mucho más allá de la venta de bebidas. Pago de predial, licencias de construcción, continuación de operaciones o apertura para negocios, comercio en la vía pública, etc., en donde los virreyes imponen su ley. Y otro factor más: sus cuerpos policiales y de vialidad carecen de capacitación. Portan y usan armas sin estar autorizados para ello. El uso excesivo de la fuerza es común, aunque los ediles se lavan las manos.

4).- Verdaderos sátrapas

En cárceles de algunos municipios que se rigen por “abusos y costumbres” han sido recluídos hombres, mujeres y niños y hasta animales. En casos de intolerancia religiosa, los ediles no han sido ajenos, igual que en enfrentamientos con sus vecinos, por líos agrarios o limítrofes. Cada uno impone a sus jefes y elementos policiales, a veces en complicidad con la delincuencia local o foránea. Las violaciones a las garantías individuales son cotidianas, aunque también los policías son receptores de violencia.

Hay casos para el anecdotario político, registro para la impunidad. En San Pedro Tapanatepec, cada que arriba el edil, Humberto López Parrazales –ausente y
radicado en la capital- se inhibe la señal de telefonía celular. La población queda incomunicada. El recién estrenado restaurantero de la capital, emanado de las filas de Morena, teme un ajuste de cuentas o vendetta. ¿Tendrá la cola sucia?

Colofón:

Tenía que ocurrir un crimen para detener estos infames mecanismos de extorsión. Ya el ejecutivo estatal se pronunció de manera enérgica. El caso de Santa Lucía está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGEO), para que realice las investigaciones competentes y proceda en consecuencia. No debe haber impunidad para nadie. No permitir ni la revictimización ni la politización del mismo. Poco puede esperarse de la fracturada LXV Legislatura, que debe ser quien analice lo que proceda en los municipios, con ediles y jefes policiales abusivos.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

---Querer perpetuar la imagen de un sátrapa, más tarde que temprano conlleva un boomerang. Ejercicio banal e inútil haber tapizado ciudad y espacios en el interior del estado, con la imagen de AMLO, dándole las gracias. ¿De qué? El culto a la personalidad sólo es usual en las dictaduras que, cuando caen, estatuas e imágenes también muerden el polvo.--- ¿Por fin, qué comisiones habrán de presidir o estar de segundones, nuestros (as) flamantes senadores (as), Luisa Cortés, Laura Estrada, Antonino Morales y Luis Alfonso Silva? ¿Tan ineptos (as) los (as) ven? A morenistas no orgánicos como Susana Harp o chapulines como Alejandro Murat, ya les otorgaron la suya.

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