No es un secreto. Juchitán de Zaragoza, el emblemático e histórico municipio istmeño, ha sido desde hace años, uno de los más violentos del país. Ahí la muerte tiene permiso. A diario hay ejecuciones. El cobro de piso y la extorsión, por parte de bandas delictivas locales y otras ligadas a famosos cárteles, han generado un cierre masivo de negocios. La protesta de empresarios y profesionistas ha sido una constante.

Luego de sonados crímenes, inclusive de familias completas incluyendo menores de edad asesinados, el ex gobernador Alejandro Murat puso en marcha operativos policiales y castrenses. Ello no inhibió a la maña que ahí, a unos pasos de los rondines policiales y militares, seguían ejecutando adversarios criminales o caminando al filo de la ley.

Esta ciudad istmeña se pudrió. Y no porque el cierre de las fronteras haya acabado con el boyante negocio del tráfico de migrantes, sino porque ha faltado voluntad política para ir a fondo. Y uno de los ejes, clave para entender la inseguridad, es la proliferación de moto-taxis. Son miles de unidades que circulan de manera ilegal y que lo mismo sirven para el narcomenudeo, el cobro de piso, las extorsiones o el halconeo.

El pasado 15 de abril, el ejecutivo estatal presentó, ahí mismo, en territorio teco, el plan llamado “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, con el objetivo de atender las causas, recuperar espacios y fortalecer la confianza ciudadana hacia el gobierno. Se trata de un trabajo interinstitucional, en coordinación con fuerzas estatales y federales, con acciones firmes para garantizar la seguridad en la región.

El mensaje fue claro: “se actuará con determinación y sin titubeos contra quienes infrinjan la ley; la lucha contra la delincuencia será frontal, no habrá ni tolerancia ni impunidad; nuestro gobierno –dijo- no será ni omiso ni complaciente”. No tardó ni tres días que las bandas criminales reviraran. Una burla a la acción gubernamental. El sábado 18 de abril, un comando armado abrió fuego y abatió a cuatro personas. Tres murieron. Otro, herido, sigue en el hospital.

Insistimos, han sido varios los operativos y acciones que se han llevado a cabo en la ciudad istmeña. Pero no se ha ido a fondo. Hay cabos sueltos de tipo político. De seguir los capos impunes, poco puede esperarse. Los últimos hechos han fustigado moralmente a funcionarios de la misma administración estatal. Razón para dejar de lado el acartonado discurso de ir a las causas sociales o de restituir el tejido social.

Lamentablemente, sicarios y capos no entienden esta narrativa. Sólo la mano dura y la cero tolerancia devolverá la confianza en las instituciones y la paz social para la ciudadanía. Acciones enérgicas hacen falta, nada de medianías o amagos. Los responsables de este clima están identificados. Cualquier dilación será considerada complicidad gubernamental. (JPA)