Se trata del hartazgo de importantes sectores sociales: productores, transportistas, turistas, comerciantes, profesionistas, empleados y muchos más, respecto a esta estrategia burda de presionar a las autoridades tomando como rehén al pueblo inerme y conculcar el derecho a la libre circulación. Nadie pone en tela de juicio el derecho a manifestarse. Pero sí cuestionamos como ciudadanos, hasta dónde termina uno y empieza el otro, pues no puede hablarse de libre expresión si con ello se afecta a terceros.

El llamado magisterio democrático está emplazado a revisar su estrategia de lucha. Además, el desapego que han tenido durante cuatro décadas del quehacer educativo. La manipulación y la presión que ejercen sobre sus bases, que obligan a marchar o participar en plantones, a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o maestros con problemas patológicos.

La forma ruin en la que medran con los derechos laborales, para obligar a sus afiliados a protestar. Ahí está el lamentable caso del maestro fallecido en el campamento del Centro Histórico de la Ciudad de México, del que los dirigentes se lavan las manos con el sobado argumento de que “el responsable fue el Estado” y quieren maquillar con inútiles consignas. (JPA)