Ciudad de México- Con 89 votos a favor y siete en contra, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera para acotar la deuda de los estados, lo que obligará a que los congresos locales autoricen el endeudamiento por mayoría calificada, solo será para obras y no para gasto corriente, y cuando haya casos graves el Congreso de la Unión emitirá una “observación” que no será vinculatoria.

El dictamen fue remitido a los congresos de los estados, para los efectos del artículo 135, al resaltar en tribuna las bancadas del PRI, PAN y PRD los avances que representa, luego de casos como el de Coahuila, cuyo ex gobernador, Humberto Moreira, aumentó la deuda de esa entidad en 19, 270% durante su gestión.

En tribuna, el senador Alejandro Encinas alertó que hoy siguen creciendo las deudas de los estados y los casos más representativos con Chihuahua, cuya deuda asciende al 9.2% de su PIB; Quintana Roo, con el 8.6% y Chiapas, con el 6.8%.

A su vez, el priista y presidente de la Comisión de Hacienda, José Yunes, hizo notar que la deuda agregada en los niveles de gobierno estatal y municipal tiene un equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, que en 2014 llegó a los 500 mil millones de pesos.

Dijo que cuando el endeudamiento se usa de manera eficiente y racional se convierte en un instrumento que genera desarrollo, que financia crecimiento y que permite responder a las demandas sociales más sentidas.

“Pero deudas que no se manejan con estos criterios de responsabilidad, que rompen con la magnitud y que no responden a principios de solvencia, pueden generar un esquema de complicación para el presente y para el futuro. Es por ello de la mayor importancia establecer dentro del orden constitucional los alcances que el Estado debe mantener”.

A su vez, el panista Fernando Torres Graciano respaldó la reforma en nombre de su bancada, mientras el ex secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, criticó la medida al señalar que la deuda se ha convertido en un mecanismo de control político.

De acuerdo al dictamen, la reforma busca una mejor estructura de las previsiones del congreso, para aprobar empréstitos, trátese de la federación, del Distrito Federal o de las entidades federativas, incluida la previsión del control parlamentario para realizar observaciones en el caso de solicitudes de garantía federal por parte de estados y municipios.

Se fortalece la fiscalización sobre el endeudamiento público, particularmente cuando se otorgue la garantía federal a los estados y a los municipios.

El 117 constitucional obliga a los gobernantes a contar con la aprobación de una mayoría calificada, prohíbe la contratación de empréstitos para gasto corriente y se abre la posibilidad de que también puedan contratar empréstitos para reestructurar o refinanciar deudas anteriormente contraídas.