Oaxaca, Oax.- El 21 de marzo de 2012 el gobernador del estado, Gabino Cué y el Congreso del Estado firmaron un convenio para la realización de una consulta sobre la reforma constitucional en materia indígena y afromexicano. Tres años después, la iniciativa se encuentra “congelada” en la Legislatura oaxaqueña, por una mezcla de desconocimiento, (mal) cálculo político, racismo, subordinación y la lógica de intereses ajenos.

Tal situación no se explica dado que la iniciativa deriva del más importante y amplio proceso de consulta, reflexión y elaboración de una reforma de que se tenga historia en Oaxaca, que llevó dos años realizar. La pluralidad de voces y perspectivas se ha visto reflejada tanto en la iniciativa construida, en la que presenta el gobernador a la Legislatura y en el dictamen de las comisiones de diputados encargados del tema. ¿Cuáles son los temores y los obstáculos que se oponen a su aprobación?

1.- La ignorancia supina. Incluso entre los tres documentos (el que deriva de la consulta, la iniciativa presentada y el dictamen legislativo) se han hecho modificaciones importantes, en algunos derivados de ajustes técnicos, en otros producto del temor de gobernantes y legisladores, habidas sus excepciones, respecto a los alcances de la reforma, que provienen básicamente del desconocimiento de la realidad mexicana. Encerrados en sus burbujas, educados en escuelas extranjeras o de “elite”, no comprenden la diversidad mexicana.

En su visión homogénea y/o colonialista, pretenden que un municipio del norte del país sea igual que uno del sur, equiparan a los urbanos con los rurales y no entienden que un municipio no es igual a un pueblo indígena. Tampoco entienden el federalismo y menos conceptos como soberanía y autonomía. No sorprende entonces tantas malas decisiones tomadas.

2.- La incompetencia. En 1990, 1995 y 1998 se realizaron las reformas más ambiciosas en materia indígena en Oaxaca que la colocaron a la vanguardia del tema. Entonces, como ahora, las presiones para que no pasaran fueron importantes. Sólo que el gobernador Diódoro Carrasco tuvo una lectura adecuada de la coyuntura política. Las reformas sirvieron para despresurizar la tensión social y la posibilidad de una radicalización del movimiento indígena, particularmente por el estallido previo de la rebelión zapatista en Chiapas.

Ahora, ante un escenario similar tras los condenables hechos de Iguala y la crisis de credibilidad que deriva de los hechos de corrupción, conflicto de intereses e incompetencia, gobiernos y partidos políticos han adoptado medidas erráticas, lo que ha originado la cada vez mayor radicalización de las demandas y del movimiento social. La reforma es una de las oportunidades de reencauzar institucionalmente la inconformidad y un mensaje de atención a las demandas del movimiento social.
3. La hipocresía. México ha firmado todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos pero, como se vio en la reciente comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha generado los mecanismos para garantizarlos en México. Lo políticamente correcto surge también en materia indígena (que además no se desliga de lo anterior). México ha signado todos los instrumentos internacionales en la materia, ha tenido un papel destacado en el concierto internacional. En septiembre de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU, urgió a los Estados miembros a que “armonicen las leyes nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

En los hechos, tras una equívoca consulta de los diputados locales a la Federación, el gobierno federal presenta un pliego de observaciones que representan incluso un serio retroceso respecto al marco constitucional vigente, que evidencia su desconocimiento del tema, hace nugatorio los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y patentizan su visión colonialista.

4. Los intereses. Son los pueblos indios quienes están en el campo de batalla defendiendo los intereses de los mexicanos. Los grandes proyectos trasnacionales, de explotación desmedida de los recursos naturales que hace la industria extractiva, o de exfoliación de la biodiversidad e incluso las culturales, se da en sus territorios. Y se encuentran defendiéndose en las peores condiciones normativas. En sus países de origen, por ejemplo, las empresas mineras no encuentran condiciones tan laxas como en México, por sus impactos a los ecosistemas tienen prohibida la extracción con las técnicas que sí emplean en nuestro país.

En cambio en Oaxaca, la Coordinadora de Valles Centrales en Defensa del Agua, tuvo que ir a un litigio ante los Tribunales Federales, para que le ordenara a la Comisión Nacional del Agua realizar una consulta en el valle de Ocotlán, la que por cierto se niega a cumplir. La consulta ordenada para Juchitán para otorgar o no la autorización para un proyecto eólico no servirá para nada, según confesara un empleado de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, pues “aunque no se autorice, el proyecto va”. En Ciudad Ixtepec el proyecto de los zapotecas para producir energía eólica fue obstaculizada por la Comisión Federal de Electricidad, que negó la posibilidad de conectarse a su central (que además se encuentra en su territorio) y en cambio la otorga con complacencia a los inversores extranjeros; otra vez, el caso hubo de litigarse en los tribunales. En la Sierra Norte se ha dado la lucha vs los intereses de la trasnacional Monsanto para introducir maíz transgénico, al tiempo que buscan proteger su biodiversidad y defender sus recursos forestales.

Con sus avatares la lucha se da en distintos frentes. Lo que se busca es tener un mínimo piso de defensa ante las acciones depredadoras. Pero, además, no se hace sino incorporar los derechos ya reconocidos en los distintos instrumentos internacionales, en la propia Constitución mexicana y en la oaxaqueña, dotándolos ahora de viabilidad práctica.

5. El racismo. Los indígenas son un obstáculo para el desarrollo (neoliberal), la modernidad y la sociedad individualizada. Esa visión ha prevalecido en las élites y, en mucho, es la que ha detonado los movimientos de resistencia y rebelión en la nación.

Este coctel explosivo y la forma de tratarlo por el Estado mexicano es un signo ominoso, justo también en el escenario más crítico por el que atraviesan gobiernos, partidos e instituciones. Y la pradera está seca…


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