En otro oficio del SAT (400-36-00-03-2014) dirigido a Jorge Enrique Castillo Díaz, con fecha de 3 de noviembre de 2014, le informan al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal que, “por instrucciones de esta autoridad, las instituciones bancarias BBVA Bancomer SA, Scotiabank Inverlat SA y HSBC México SA realizaron la inmovilización de los depósitos de sus cuentas” y pormenoriza las razones de esa decisión.
La autoridad fiscal asentó: “mediante oficio 324-SAT-VI-14975 de fecha 7 de mayo de 2007, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal determinó adeudos fiscales a su cargo por un importe históricos de 27,101,677.30 (Veintisiete millones ciento un mil seiscientos setenta y siete pesos 30/100 MN), controlado por esta Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal con los números de crédito H-1252054, H-1252055 y H-1252057”.

El SAT le informa al ex secretario particular del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que tiene conocimiento de que ha interpuesto un juicio de nulidad en contra de la resolución determinante de los créditos fiscales, sin que hasta ahora se haya emitido una sentencia. Al no encontrarse garantizados los créditos a su cargo, le señala la autoridad tributaria, “ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inmovilización de los depósitos bancarios localizados a su nombre” en BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México, con fecha del 27 de mayo de 2014, hasta por la cantidad de 64 millones 375 mil 807 millones con 57 centavos.

No es la primera vez en que Castillo Díaz es exhibido públicamente por su desempeño en cargos públicos. Al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal se le involucró en la investigación que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública por la compra “indebida” de un avión para la Secretaría de Gobernación, cuando fue titular de esta dependencia el ex gobernador oaxaqueño, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, durante los últimos dos años de gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
La Secretaría de la Función Pública informó entonces que la compra de la aeronave se llevó a cabo en forma directa sin existir justificación debidamente fundada y motivada para proceder de esta manera, ni hubo dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar de licitación pública la adquisición realizada. Tampoco contó con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.