Oaxaca, Oax.- Al menos 32 incidentes de seguridad y opacidad en información pública, se registró durante la consulta indígena en Juchitán para la implementación del proyecto eólico de la empresa Eólica del Sur, reportó la Misión de Observación, integrada por defensores y defensoras de derechos humanos.

La consulta indígena, precisó, se caracterizó por un alto nivel de riesgo y confrontación, carencia de información proporcionada a la comunidad y en la falta de formalidad, por parte del Comité Técnico, en la manera de convocar y desarrollar las sesiones.

En cuanto a las agresiones, afirmó que están fueron dirigidas principalmente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco [APPJ] y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

La Misión de Observación precisó los hechos violentos ocurridos el 26 de marzo y el 14 de abril durante las sesiones de Consulta. El 26 de marzo fue cerrado el Palacio Municipal y durante 12 horas estuvieron retenidas alrededor de 30 personas. Ese mismo día, grupos “pro-eólicos” cerraron cuatro accesos a la comunidad de Juchitán en demanda de que la Consulta continuara.

Mientras que el 14 de abril fueron retenidos, dentro de la Casa de Cultura, más de 250 asistentes, entre ellos, dos observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité Técnico, organismo público que lleva a cabo la consulta, se ha negado a responder y entregar información detallada del proyecto y la realización de estudios de impacto social, ambiental, cultural y económico.

“Evidencia también la falta de formalidad, por parte del Comité Técnico, al no cumplir con las fechas y horarios señalados en las convocatorias a las sesiones y a los talleres que él mismo cita. Asimismo, el Comité ha desestimado el valor de la Consulta al no asistir a las sesiones y al no asegurar la presencia de un traductor”.

De acuerdo con la Misión de Observación, el contexto de inseguridad, presión, violencia, falta de transparencia y de información dan cuenta de que este proceso violenta los principios rectores del derecho a la consulta indígena y de que, por lo tanto, el presente escenario no es propicio para la obtención del consentimiento informado y legítimo de la comunidad indígena zapoteca.

“De reiterarse la violación a este derecho el Estado mexicano incurriría en una transgresión a las leyes nacionales e internacionales y en una falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.