Oaxaca, Oax.- Bernardo Rodríguez Alamilla, integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), afirmó que la falta de resultados “sustantivos” y “contundentes” provoca que persista la desconfianza en este organismo de diferentes sectores de la ciudadanía, principalmente de víctimas de violación a sus derechos humanos.

Los derechos humanos en el estado persisten porque hay un aumento en el número de personas dentro del umbral de pobreza, lo que significa violaciones a derechos elementales como la vida, alimentación, salud o educación, por su condición esas personas no pueden acceder a dichas prerrogativas.

Son constantes en nuestra sociedad la discriminación, la intolerancia y la violencia, que se han vuelto lacerantes, especialmente este año, en el que México ha vivido una serie de violaciones graves a los derechos humanos que marcan un punto de no retorno respecto a la exigencia de justicia de las víctimas.

Así como desapariciones forzadas, tortura y asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, son algunos hechos de los que la sociedad ha sido testigo en este periodo.

“Hechos ante los que el Consejo no puede callar ni olvidarlos. Las estructuras de poder y las formas como nos relacionamos nos obligan a cambiar las reglas de nuestra convivencia, es un punto de inflexión respecto al destino del país”, reconoció Rodríguez Alamilla.

Además, dijo, falta un trabajo articulado entre las diferentes áreas de la DDHPO para que operen con mayor coordinación e integración; asimismo, llamó a las autoridades a colaborar para que las medidas cautelares, alertas tempranas y recomendaciones tengan “efectos concluyentes”.

“La impunidad es el incentivo para que se sigan vulnerando derechos humanos, por lo cual las autoridades deben asumir su compromiso de disminuir los alarmantes niveles de esta práctica”, aseguró a nombre del Consejo Ciudadano integrado por Martha Julia Avendaño Córdova y Sara Pilar Méndez Morales, Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Arturo Peimbert Calvo.

El Estado, apuntó, tiene que entender que su responsabilidad en materia de derechos humanos no sólo implica el reconocimiento jurídico, sino su implementación, su protección práctica y eficaz.

El consejero recriminó que el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas entregue a destiempo los recursos económicos que el Congreso del Estado destinó al organismo de derechos humanos y los cuales deben ser aplicados de manera inmediata.

Esto, dijo, porque la Defensoría tiene insuficiencia de recursos materiales y financieros que permitan dotar al personal de los viáticos suficientes para que se trasladen a otras regiones sin que esto signifique un menoscabo a su presupuesto personal.