Oaxaca, Oax.- Anabel Díaz, Silvia Morales y Eduardo Castillo, licenciados en derecho y aspirantes a ocupar cargos de comisionados en el recién integrado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, anunciaron que van a iniciar un juicio de amparo ante la justicia federal, contra las aberraciones jurídicas en las que incurrió el Poder Legislativo.

Con múltiples violaciones a la convocatoria, sin respetar los principios de equidad de género e inclusión de representantes de los pueblos indígenas, trastocando la autonomía de dos organismos supuestamente autónomos y sin acatar tratados internacionales, los integrantes de la legislatura local nombraron a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca.

En sesión extraordinaria las y los diputados locales avalaron el nombramiento del Comisionado para 5 años a Francisco Álvarez Figueroa, quien hasta el momento se desempeñaba como Sub Secretario de la Contraloría, lo que violentó la convocatoria aprobada por el propio poder legislativo el pasado 17 de agosto, en la que se estableció que no podrían participar servidores públicos.

Del mismo modo, se marcaron criterios para que el perfil de los integrantes del organismo no fuera político ni partidista.

Pese a ello, los legisladores hicieron caso omiso y votaron a favor de Juan Gómez Reyes, asesor del diputado Anselmo Ortiz, ex coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, así como del militante del PAN, Isaac Soriano Reyes, ex delegado de Diconsa en la entidad.

Sin ninguna mujer como Comisionada en el Instituto de Acceso a la Información, a pesar de la inscripción de 15 maestras, doctoras y abogadas que cumplían a cabalidad con el perfil y la experiencia, de un total de 39 participantes, se violentaron flagrantemente los principios de equidad de género que debieron prevalecer en la integración del consejo.

Además, el Congreso local violentó también la autonomía del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al designar como Contralor Interno a Esteban Ortiz Rodea, otro militante de Acción Nacional, quien obtuvo dicho cargo como premio de consolación por no poder presidir el Instituto de Acceso a la Información, en una negociación “a oscuritas”.

Interponen amparo

Ante esta situación, Anabel Díaz, Silvia Morales y Eduardo Castillo afirman que ante estas irregularidades iniciarán un juicio de amparo ante la justicia federal, contra las aberraciones jurídicas en las que incurrió el poder legislativo.

Denunciaron que durante las entrevistas realizadas a los aspirantes se violentó flagrantemente la convocatoria, toda vez que no se establecieron criterios para formular las preguntas y en la comisión evaluadora integrada por cinco diputadas y diputados propietarios y cinco suplentes, sólo participaron tres legisladores.

“No hubo guías de preguntas, lo cual permitía arbitrariedad y subjetividad en la manera de preguntar”, criticaron los inconformes, “la ausencia de guía previa violenta la garantía de imparcialidad de todas y todos los participantes”.

Manifestaron además su indignación por la falta de criterios objetivos para integrar las ternas que serían votadas por el pleno, lo que se hizo bajo intereses políticos, sin que ninguna terna fuera de mujeres para garantizar al sector femenil un espacio y sin tomar en cuenta el perfil ni la trayectoria de ninguno de ellos.

“No es razonable que se convoque y se simule procesos que no lo son, eso es hipocresía institucional y esa es una de las más perjudiciales formas que dañan al estado democrático de derecho”, recalcaron los tres aspirantes en un documento entregado a este medio de comunicación.

Bajo este contexto de irregularidades e inconsistencias, añadieron, las y los legisladores que aprobaron los nombramientos no le apostaron a una verdadera ciudadanización y autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

“No le apostaron a un mejor Oaxaca y por eso denunciamos públicamente las omisiones que cometieron, mismas que, anunciamos, combatiremos jurídicamente”.