Oaxaca, Oax.- La diputada local por Partido Acción Nacional (PAN), Natividad Díaz Jiménez, denunció que por actos de interés el Congreso del Estado no se ha aprobado la ley estatal de educación.

Ante el ordenamiento que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso Local para aprobar la Ley Educativa, la legisladora indicó que esta situación se ha generado porque hay diputados que han mostrado inmadurez sobre el tema, además de afectaciones a sus intereses.

"Es la falta de madurez política y porque hay intereses de por medio.

"Más que intereses monetarios, el hecho va en intereses políticos, es decir algunas fracciones no han querido aprobar porque piensan que pueden afectar la imagen de su partido o de algunos de sus representantes", manifestó.

Al respecto, pidió a sus compañeros diputados dejar a un lado los intereses políticos y no mezclar logotipos ni nombres con el tema educativo.

"Es nuestro deber y obligación estar legislando y más cuando se trata del tema de la educación y de la Salud de las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños. No queremos escuelas ni hospitales más pobres de la que tenemos".

Sostuvo que la fracción del PAN nunca se opuso a la aprobación del documento, pero no así el PRI y el PRD.

La líder de la fracción del PAN hizo el llamado a la Comisión de Educación a ponerse a trabajar para que pueda aprobarse el documento como lo mandató la Corte.

El Congreso del Estado actualmente tiene más de seis iniciativas para realizar un dictamen sobre la Ley Educativa, sin embargo, a más de un año de que se anunció la aprobación de este no ha ocurrido.

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la LXII Legislatura de Oaxaca aprobar, en su próximo periodo de sesiones, las leyes locales para implementar la Reforma Educativa.

El Pleno de la SCJN resolvió que Oaxaca ha incurrido en omisión legislativa absoluta, al no armonizar sus leyes con la reforma constitucional, ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.

De no hacerlo en el tiempo que estableció la Suprema Corte, tanto los líderes de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política, así como el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, podrían ser destituidos por el máximo órgano judicial de nuestro país.