Oaxaca, Oax.- Para la diputada del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Lilia Mendoza Cruz, la construcción el Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín es un capricho de las autoridades estatales y el resultado de una obsesión egocéntrica del Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego.

Por ello, la también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación envió un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal, a que detenga las obras de construcción del Centro Cultural y de Convenciones, esto, por las graves afectaciones al entorno natural del Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que éste es un asunto de la mayor importancia para todos los oaxaqueños que exige la unidad, la participación y la corresponsabilidad de todos los actores sociales para frenar, a toda costa, la construcción de esta obra, evitando así un daño al ecosistema, con un elevado costo social.

“La construcción del CCCO en el Cerro del Fortín, es resultado de la ambición del Secretario de Turismo, ejerciendo una forma peculiar de hacer negocios y que ha hecho del poder un instrumento seductor para cooptar, corromper y abusar de las instituciones judiciales y de la represión hacia las organizaciones sociales y ambientalistas”, recalca.

Mendoza Cruz señala que el proyecto, lejos de convertirse en una oportunidad para la atracción del turismo nacional y extranjero, se ha vuelto un capricho de las autoridades estatales, pues a pesar de que existe un amparo que les fue otorgado a los vecinos de la Colonia Guelaguetza y de la Colonia Figueroa por parte de los tribunales federales, el Gobierno de Oaxaca ha violentado el citado documento.

“Es un poyecto incosteable para Oaxaca desde el punto de vista económico, además de carecer de planeación y sustento”, recalca.

Por otra parte, la legisladora oaxaqueña mencionó que la Consulta Ciudadana que pretenden llevar a cabo, es anticonstitucional, porque no existe en la Ley de Participación Ciudadana, ni en la Constitución Política de Oaxaca, pero tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de Consulta Popular, ésta es una figura inexistente y por lo tanto, el acuerdo del órgano electoral es ilegal e inconstitucional.