Como es lógico, dañará gravemente los otros principios rectores, particularmente el de la certeza al dudarse fundadamente de su actuación por su dependencia del gobernador.

La Certeza debe garantizar que todas las acciones que desempeñe el IIEEPCO estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

La Independencia es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

La Imparcialidad obliga a que en el desarrollo de sus actividades, todo el personal del Instituto debe reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

En un ejercicio de creación de escenarios futuros, desde ya podemos adelantar que el resultado electoral de la gobernación se judicializará y resolverá finalmente en tribunales.
Ello será resultado de la creciente polarización entre los diversos partidos, fuerzas, corrientes y grupos políticos, que convertirán los comicios a la gobernación en la madre de las elecciones.

Con visión y sensibilidad, el presidente del Pro-Oax, José Márquez Pérez, ha denunciado que la consulta busca echar tierra a las violaciones jurídicas del Centro de Convenciones en El Fortín.

Es posible que así sea porque tres días después, el 7 de octubre se conocerá la resolución de amparo que interpusieron los integrantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín.

Además, el resultado amañado de la consulta pública obligadamente será impugnado en tribunales por los vecinos, Pro-Oax y el Frente en Defensa del Fortín, por su ilegalidad.

Prueba de ello, el maestro Francisco Toledo demandó de manera formal, por escrito, la intervención del presidente y concejeros del INE para cancelar la consulta del IEEPCO.

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