Es decir, por una “impecable” respuesta jurídica, el medio público dejó a los titulares de la Contraloría, Manuel de Jesús López López y de la CORTV, Emilio de Leo Blanco con “raspón” a su credibilidad y consolidó un silencio cómplice sobre la forma en la que los funcionarios públicos rinden cuentas, no sólo de los recursos públicos, sino hasta del reducido sistema de producción, programación y transmisión de contenidos locales.

Por ejemplo, la Ventanilla Única de Acceso a la Información del Gobierno del Estado, el único vínculo del ciudadano de a pie para conocer el cómo se ejerce el dinero del gobierno, sólo presenta un escueto texto de la única auditoría realizada al medio público, donde señala una sola observación solventada al ejercicio presupuestal del 2014.

Sin embargo, no existe un solo documento de la polémica administración de José Francisco Ortega Quijas, que explique cómo recibió el organismo público y cómo lo entregó a su sucesor; se carece de información precisa de qué aprobó el Congreso del Estado en las Cuentas Públicas del 2012 a la fecha, incluso, no existe precisión de los presupuestos anuales aprobados.

El tema no es menor si se explica que desde su fundación, la radio y la televisión públicas son el fondo revolvente de la política de comunicación social del gobierno estatal, donde la corrupción, la improvisación, la mediocridad y la impunidad gestó un modelo de gestión que depende más de la buena voluntad del gobernador en turno que del cumplimiento de su objetivo principal: servir a los ciudadanos con seriedad, respeto y profesionalismo.

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