Oaxaca, Oax.- La Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General del Estado, recibieron éste día nuevas denuncias penales en contra de ocho integrantes de la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE, entre ellos de Rubén Núñez Gines y de Francisco Villalobos Ricardez, por incitación a la violencia.

El Director de Servicios Jurídicos del Nuevo IEEPO, Raúl Pérez Zorrilla, presentó este miércoles denuncias penales ante la PGR, y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca contra de ocho dirigentes magisteriales, por Apología del Delito, por promover de manera pública conductas ilícitas en perjuicio de otros.

Entre los actos violentos, están considerados los bloqueos a carreteras bancos, terminal área, gasolineras, la refinería de PEMEX, subestación de PEMEX, Cámara de Diputados del Estado y centros comerciales, así como retención de vehículos del servicio público y particulares.

El Artículo 208 del Código Penal Federal establece que: “Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

En reiteradas ocasiones, la dirigencia seccional, coordinadores sectoriales y regionales, firmaron y emitieron convocatorias a diversas movilizaciones y en distintas modalidades, lo que afectó a la educación, el libre tránsito, así como a terceras personas.

Entre los integrantes de la dirigencia seccional, en contra de quien se presentaron las denuncias penales, se encuentran el Secretario General y el Secretario de Organización de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Gines y Francisco Villalobos Ricardez, respectivamente.

También se denunció penalmente a la Coordinadora del Sector Regional de Valles Centrales, Norma Cleiver Cruz Vásquez y en contra de otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

El funcionario explicó que la incitación a la violencia o la provocación pública a cometer algún hecho violento por medio de un desplegado ó convocatorias, ordenando a las bases magisteriales a bloquear carreteras, aeropuertos, edificios públicos, instalaciones estratégicas y centros comerciales, es un delito.

Finalmente sostuvo, que la Ley no se negocia, “ese tiempo ha pasado y hoy, es el cumplimiento meramente de la Ley”, aclaró, ante la posibilidad de que la impunidad de las medidas de presión, proteja a los denunciados.