Oaxaca, Oax.- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para alertar sobre la “grave situación” de los derechos humanos en el estado.

La organización civil feminista precisó que en lo que va del sexenio de Gabino Cué, organizaciones de la sociedad civil han registrado en el estado de Oaxaca 61 personas en situación de prisión política, 347 ataques contra mujeres defensoras de Derechos Humanos, 1 agresión cada 3 días contra defensoras/es comunitarias/os, 406 feminicidios y en tan solo el primer trienio: 78 ejecuciones de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y otros asesinatos por motivos políticos.

“Frente a esta situación, su presencia en el país a efecto de conocer la realidad, en este momento es de particular relevancia. Expresamos ante Usted nuestra preocupación para quienes hacemos defensa de los derechos humanos y le solicitamos a Usted así como a la oficina en México, que presten particular atención a la vulnerabilidad en la que se encuentra la población del estado de Oaxaca”.

En el documento hicieron hincapié sobre la situación en que se encuentran quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y denuncian las violaciones a los mismos; así como a los impactos de la violencia política en mujeres niñas y niños y la situación de personas presas por motivos políticos.

El organismo civil manifestó que desde el 2010 y después de 80 años de gobiernos priistas, se vive en Oaxaca un proceso de alternancia política, el que trajo consigo la aprobación de diversas reformas y la creación de instancias con enfoque de Derechos Humanos.

Sin embargo, afirman que estos cambios no han impactado de manera tangible en la situación de los derechos humanos en la entidad, a lo contrario, las violaciones a derechos humanos van en aumento constante y la impunidad por los crímenes del 2006, asesinatos de defensoras y defensoras de derechos humanos y otras violaciones a derechos humanos permanece total.

“La lógica empresarial enmarcada en la implementación de las reformas estructurales nacionales constituyen las líneas directrices de la acción de Estado”.

Algunos de los casos que mencionó Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, está el “simulacro” de consulta de los Pueblos Indígenas para aprobar la construcción de parques eólicos en Juchitán, la criminalización de las personas defensoras que resisten contra las empresas mineras en Magdalena Teitipac y la represión contra la sociedad organizada en defensa del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca.

Asimismo el clima de represión que se ha hecho más tangible a partir de las elecciones de junio 2015 es de particular gravedad, debido al arribo desmesurado de fuerzas armadas: policía federal, gendarmería y ejército.

“De ahí que expresamos nuestra profunda preocupación por este despliegue de fuerzas, pues como ha sido documentado en años anteriores a nivel nacional, este tipo de estrategia, lejos de contribuir a la seguridad de la población, implica un aumento en la comisión de delitos y de la violencia en general. En Oaxaca, este tipo de acciones busca inhibir la movilización magisterial frente a los impactos de la reforma educativa. Por otro lado se genera un clima de incertidumbre, persecución y la criminalización del movimiento magisterial y de la protesta social en general”.

La organización puntualizó que Oaxaca es considerado uno de los estados más pobres del país donde se concentra la mayor diversidad étnica y lingüística al contar con 18 grupos étnicos de los 65 con los que se cuenta a nivel nacional.