Oaxaca, Oax.- Othón Nazariega Segura, representante del Sector Periferia; Roberto Abel Jiménez García, integrante del mismo sector; Efraín Picazo Pérez, representante del sector Estatales de los Valles Centales y Juan Carlos Orozco Mathus, son los cuatro integrantes de la Sección 22 que fueron detenidos la madrugada de este jueves posterior al desalojo de la Policía Federal al plantón que mantenía junto con un grupo de maestros en el IEEPO.

La Procuraduría General de la República confirmó la detención de los dirigentes a quienes tenían orden de aprehensión por delitos federales.

A los aprehendidos se les vincula con la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec, La toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos como: la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del estado; el robo de diez mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública.

La PGR informó que a Juan Carlos Orozco Matus, por su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz.

Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos.

Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto Abel Jiménez García quien es señalado por diversos delitos del fuero común.

Los aprehendidos, por delitos del orden federal, que podrían alcanzar penas entre 3-40 años de prisión serán puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.