Oaxaca, Oax.- El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado de Oaxaca resolver y dar respuesta a la demanda de juicio político contra funcionarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

La comisión que es presidida por la diputada local por el PRI, María Luisa Matus Fuentes, tiene un plazo de 10 días para informar sobre el procedimiento que se sigue de juicio político, así como entregar todos los informes sobre el caso.

El amparo fue promovido por Lucila Fernández Ruiz, quien interpuso la demanda de juicio político por usurpación de funciones, abuso de autoridad y omisión, contra los ex secretarios de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla y Alberto Esteva Salinas, así como contra el actual titular de esta dependencia Jorge Alberto Ruiz Martínez.

De acuerdo con la demanda promovida el 27 de mayo de 2015 y ratificada por escrito el 3 de junio de 2015, los ex secretarios de Seguridad Pública determinaron, sin fundamento legal, cambiar la razón social a las patrullas de “Tránsito del Estado” a patrullas de “Policía Vial del Estado”, con las cuales la Secretaría de Seguridad Pública realiza las funciones públicas y operativas de Tránsito del Estado que consiste en infraccionar a los conductores por faltas al reglamento de Tránsito.

“Sanciones que van desde elaborar la boleta de infracción, retener documentos personales como licencia de manejo, tarjetas de circulación, detención de vehículos, etcétera, pero estas acciones operativas corresponden a Tránsito del Estado, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado”.

Incluso, la misma Secretaría de Seguridad Pública ha reconocido y acepta que no existen las bases legales que sustente la figura de Policía Vial.

“Se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública incurre en abuso de autoridad. Por otra parte, al imponer o cambiar el color, la nomenclatura, escudo, etcétera, a los vehículos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado, incurren en el delito de usurpación de funciones porque es al Congreso del Estado a quien corresponde tras un procedimiento acordar las reformas correspondientes que permitan el cambio y/o modificaciones”, precisa la demanda.

Sin embargo, dolosamente la Comisión Permanente Instructora del Congreso local ha retrasado la demanda de juicio político contra estos funcionarios del gobierno de Gabino Cué y dio hasta por perdido el expediente.

El pasado tres de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito concedió el amparo a favor de Lucila Fernández para que el Congreso del Estado de respuesta a sus peticiones y a la demanda de juicio político que interpuso.

“Las peticiones de Lucila Fernández Ruiz consistieron en lo siguiente: Se le informara de manera fundada y motivada la razón por la cual dilata el proceso de juicio político presentado contra los ex secretarios de Seguridad Pública del Estado. Se le informara el avance de la denuncia presentada. La fecha en que se corrió traslado. La fecha en que se abre el periodo de pruebas. Se le notifiquen los informes rendidos por las autoridades involucradas”, detalla la sentencia.

El Juzgado Quinto de Distrito refiere que la presidenta de la Comisión Instructora, María Luisa Matus, respondió a través del oficio CPI/MLMF/LXII/141/2015 con fecha 22 de septiembre de 2015, que informó a Lucila Fernández que el caso se encuentra en estudio.

Pero esta respuesta, afirmó este órgano jurisdiccional, “evidentemente no da respuesta total a las peticiones de la quejosa”.

En un primer momento el Juzgado dio un plazo de tres días para que se cumpla con esta sentencia de amparo; pero por los tiempos del inicio de los periodos de sesiones del Congreso local amplió el plazo a 10 días.

Si los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso del Estado no acatan esta sentencia se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a 200 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.