Oaxaca, Oax.- La proximidad de la segunda etapa de la evaluación de los docentes en México, la que refiere al desempeño en servicio, ha producido desconcierto tanto del lado de las autoridades como de los propios trabajadores y la opinión pública.

Si bien lo anterior es notorio en los estados donde la CNTE tiene una presencia, como en Oaxaca, en otros estados la situación es similar.

Esta situación no deriva solamente de la información contradictoria que ofrecen los actores involucrados; sino de los obstáculos que se presentan al instrumentar la reforma educativa. En efecto, en el caso del IEEPO, la información que las autoridades proporcionan a los trabajadores y al púbico en general, presenta un panorama en el que el único riesgo para la estabilidad laboral de los trabajadores parece ser el de no acatar las disposiciones legales que estableció la reforma; por su parte, los dirigentes de la Sección 22, le dicen a sus agremiados que toda la reforma constituye un peligro inminente para los docentes.

En ambos casos, la información es parcial y la desconfianza hacia unos y otros, provoca confusión en los maestros que induce a reacciones extremas, es decir: o el sometimiento sin más o la resistencia fundamentalista.

Esta disyuntiva ha llevado a algunas expresiones dentro de la Sección 22 a buscar una vía alternativa cuyo derrotero conduzca a la defensa legal de los derechos adquiridos por los trabajadores y la continuidad de su organización laboral.

Expresiones de diversos orígenes, parecen estar dispuestas a construir un nuevo tipo de dirigencia para el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO); tanto así, que hoy hasta el Frente Popular Revolucionario (FPR), llama al magisterio a no caer en la “provocación” del Estado.

Por su parte, la actual dirigencia de la S22 mantiene su vieja táctica de la presión mediante la movilización y tal vez vea en las próximas elecciones locales en Oaxaca, la oportunidad de que su vieja estrategia tenga alguna resonancia. No obstante, atada a la lógica de Movilización-Negociación-Movilización, hoy ve con desesperación que el eslabón perdido de su estrategia (la negociación), sea la causa de una cada vez mayor pérdida de control sobre sus bases.

El gobierno del estado, particularmente el IEEPO, parecen apostarle todo a la protección que hoy le brindan las fuerzas federales para intentar aplicar a rajatabla la política de la reforma. No obstante, en la operación las cosas dejan mucho que desear.

De la cuota inicial de lograr la evaluación de 6 mil docentes, la prensa informó que serían 3 mil los evaluados; pero parece que el número es menor. Por otra parte, muchos maestros no pudieron entregar su documentación (“evidencias”) al Instituto. En Chiapas, por ejemplo, la información disponible de la Sección 7, indica que fueron notificados 1,012 maestros y sólo un poco más de 900 lograron entregar sus “evidencias”.

La situación que es posible observar en ambos estados, muestra una incapacidad operativa de las autoridades que podría tener consecuencias legales si los docentes cuentan con documentación que compruebe su disposición a ser evaluados; pero que por causas no imputables a ellos, no fue posible someterse a ella (no poder entregar sus “evidencias, no poder llegar a las sedes de evaluación porque pondrían en riesgo su integridad física, etc.).

Una de esas consecuencias sería quedar bajo el amparo de la ley para no ser sujetos de responsabilidad, lo cual no sería una dificultad menor para el cumplimiento de los propósitos de la reforma en esta etapa.

Esta situación compleja y quizás no prevista por la autoridad, la ha hecho caer en contradicciones. En efecto, el secretario de educación pública ha declarado que la evaluación se llevará a cabo en los tiempos programados, a pesar de la resistencia de la CNTE; pero las autoridades estatales, más cerca de los problemas y con conocimiento de sus dificultades de operación, declaran que cabría la posibilidad de realizar la evaluación en diciembre de este año.

Si la capacidad operativa de las autoridades estatales, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, no mejora, podría darse un conflicto con la Secretaría de Educación Pública, que se vería obligada a señalar a los responsables de la educación en dichos estados.

Por otra parte, esto último podría elevar la moral de los seguidores de la CNTE y radicalizar su movilización y llevar incluso a endurecer la aplicación de la ley, propiciando el inicio de una reacción en cadena de pronósticos reservados. Espero estar equivocado.