Concedamos, sin embargo, el beneficio de la duda a Agustín Basave, quien está obligado a demostrar con hechos más que con palabras, que cumplirá su compromiso de combatir a los corruptos y delincuentes en el partido del Sol Azteca.

Antes de observar si se atreverá a expulsar del PRD a corruptos y delincuentes nacionalmente conocidos como René Bejarano Martínez, El Señor de las Ligas, y su esposa Dolores Padierna es altamente positivo que sepa de los corruptos y delincuentes del PRD en Oaxaca.

Le tomamos la palabra y denunciamos la corrupción del ex diputado federal Roberto López Rosado, de la diputada local Itahisa López Galván y del presidente municipal de San Jacinto Amilpas, Víctor Amado López Hernández, quienes se dedican a invadir tierras.

Amparada en el fuero y, a pesar de ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la diputada local del PRD es junto con López Rosado y López Hernández promotores de la invasión de pequeñas propiedades.

Así ocurre en tierras del Ex Rancho Panzacola o Ex Rancho San Rafael, propiedad de las familias García López, Rivera Luis y Guzmán Gardeazábal, a través del grupo de presión y chantaje Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP).

El ex diputado federal Roberto López Rosado, la diputada local Itahisa López Galván y el presidente municipal de San Jacinto Amilpas, Víctor Amado López Hernández, lucran con la enorme necesidad de vivienda de oaxaqueños hundidos en la pobreza.

Perversamente hábiles utilizan la complicidad de funcionarios y empleados de algunos organismos públicos descentralizados federales y estatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), para intentar introducir ilegalmente servicios de energía eléctrica y agua, respectivamente.

Los funcionarios y empleados, cómplices de los autores intelectuales de la invasión de tierras, han metido en serios problemas a la CFE al desacatar la suspensión de la introducción del servicio de energía eléctrica, dictada en el Juicio de Amparo Número 1105/2015 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, acción considerada delito grave.

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