Oaxaca, Oax.- El presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Aturo Peimbert Calvo confirmó que solicitarán la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Ruiz Martínez por desacreditar el trabajo del organismo sobre la situación de mujeres reclusas de Tanibet, Tlacolula.

Luego de la sesión realizada este jueves, el defensor señaló que las declaraciones del jefe policiaco son "precámbricas" y "desafortunadas" en el marco de un mes en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Y es que luego de Jorge Ruíz Martines señalara que la DDHPO sustenta sus recomendaciones en intereses particulares, Peimbert señaló al funcionario de Gabino Cué Monteagudo de ser un "retrógrada".

"No tiene visión de lo que significa y la obligación que tiene los organismos autónomos involucrados en la defensa de los derechos humanos de Oaxaca".

El titular del organismo se dijo preocupado por las declaraciones emitidas por el secretario de Seguridad Pública cuando se refiere que la Defensoría trabaja con intereses en relación a las organizaciones sociales que se acercan, "nos parece que eso podría ser un acto de hostigamiento sobre el trabajo que hacemos, por qué es nuestra labor defender los derechos humanos independiente de su filiación política o religión".

De la misma manera, indicó que a cinco años del actual gobierno hay avances en materia de política pública, toda vez que ha colocado a Oaxaca en una posición de vanguardia en materia de derechos humanos pero no se puede permitir que estos avances se conviertan en letra muerta.

"De que nos sirven estos avances si hay funcionarios que aceptan las recomendaciones y no las cumplen o sancionan públicamente el trabajo de las y los defensores de derechos humanos".

Asimismo, indicó que en diferentes ocasiones han trabajado en favor de los ele,estos de seguridad pública y sugirió al titular de la SSPO leer la ley de la Defensoría y comprueben que dentro de sus facultados esta sancionar y hacer recomendaciones a instituciones públicas que incurran en violaciones a derechos humanos.