Oaxaca, Oax.- El gobernador, Gabino Cué Monteagudo, minimizó el resolutivo emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, al señalar que el informe presentado por el organismo civil no es vinculante para sancionar a ningún funcionario que haya cometido algún delito en el 2006.

En entrevista, el mandatario estatal dejó entrever que el informe presentado por la Comisión de la Verdad no tendrá ningún efecto de sanción, y que si hay señalamientos sobre un funcionario, deberá de iniciarse una nueva investigación.

"El informe no es vinculante, pero sin duda será de gran importancia el contenido del mismo. Será el fiscal quien forma parte de un órgano autónomo quien tendrá conocimiento del informe y si algo tenemos que hacer lo haremos.

"Es un ejercicio que valoramos mucho, que reconocemos y toda la información contenida servirá para actuar si es necesario", apuntó.

Con este anuncio, Cué Monteagudo dejó en claro que el presupuesto destinado a la Comisión de la Verdad de Oaxaca fueron en vano, ya que no tendrá efecto sancionatorio.

La Comisión de la Verdad recibió recursos por más de 20 millones de pesos para realizar la investigación, esto luego de su creación en noviembre el 2015.

La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, y ex funcionarios, así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.

Asimismo, la Comisión de la Verdad recomendó a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño.

Recomienda también a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Pedro Ismael Díaz Laredo, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores.

Finalmente el organismo recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007.