Oaxaca, Oax.- Ante el anuncio de un nuevo paro indefinido promovido por la CNTE, cuya fecha aún no se ha definido, la Coordinación General de Padres de Familia “Por una Cultura Educativa”, anunció que se mantendrá en alerta máxima para evitar más afectaciones a la educación, inclusive, anunciaron el aseguramiento de escuelas en las que los maestros paralicen sus labores.

La titular de ésta organización, Luisa García Cruz, advirtió que al menos 300 Comités de Padres de Familia supervisarán escuela por escuela del sector ciudad, periferia y municipios conurbados, para detectar a maestros que se ausenten de sus labores y las escuelas que cierren sus puertas a los estudiantes, para participar en la movilización convocada por la CNTE.

La Coordinadora General de Padres de Familia precisó que ya es momento de poner un alto a las actividades desestabilizadoras y de constantes afectaciones a la educación, promovidas por la CNTE, por el Comité Ejecutivo Seccional, la Comisión Política y los organismos auxiliares de la Sección 22 de la CNTE.

Por ello, dijo que los Comités de Padres de Familia supervisarán escuela por escuela para “asegurar” los planteles que permanezcan cerradas y estos serán entregados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), quien habrá de reintegrarlas a los padres de familia con nueva plantilla de maestros.

En tanto que a los maestros, que se ausenten para participar en éstas movilizaciones sindicales convocadas por la CNTE, no se les permitirá el regreso a las aulas y se le exigirá al IEEPO su restitución inmediata.

García Cruz dijo que de ésta manera coadyuvarán con la autoridad educativa para poner fin a la impunidad con que los maestros abandonan las aulas y a los alumnos para dedicarse a sus actividades sindicales, buscando con ello poner orden en el sistema educativo.

Dijo, que para sus movilizaciones, la dirigencia magisterial viene utilizando a “maestros irregulares” cuyos contratos ya fenecieron, así como a maestros jubilados, a normalistas y a integrantes de los niveles educativos ya desaparecidos, bajo la promesa de que a todos ellos les conseguirán plazas, pagos retroactivos y otros beneficios.

El objetivo es conseguir a costa de lo que sea, una mesa de negociaciones con el gobierno federal y estatal para retomar sus demandas por la derogación de la Reforma Educativa, la Ley Estatal de Educación, la reinstalación de los maestros cesados por no acudir a la evaluación educativa y por la libertad de los presos políticos.

Entre los llamados presos políticos, se incluye a los cinco maestros y activistas a quienes se les relaciona con grupos guerrilleros, acusados de secuestro agravado de dos menores de edad; así como a los cuatro profesores, integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE, procesados por delitos de motín, daños materiales a instalaciones estratégicas y a los 25 procesados del Frente Popular Revolucionario, acusados de daños a instalaciones electorales y de la Secretaría de Seguridad Pública.