Oaxaca, Oax.- Situaciones derivadas de probables abusos de autoridad, despidos injustificados, casos de personas en reclusión y otras originadas por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), han sido atendidas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado que opera bajo el esquema de los juicios orales.

El titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera afirmó que este órgano jurisdiccional, no sólo es un parteaguas para la garantía de los derechos humanos, los equilibrios de poder y el escudo contra la arbitrariedad estatal y la impunidad; sino que representa para los ciudadanos una opción a donde acudir en caso de ser víctima de una violación a sus libertades y facultades inherentes en todo ser humano sin distinción de ningún tipo.

Detalló que de octubre de 2013, en que inició funciones, a la fecha, la Sala Constitucional ha conocido de 18 casos, de cuales 11 son controversias constitucionales; seis juicios para la protección de los derechos humanos y un cuaderno de antecedentes del juicio para la protección de los derechos humanos. En cada uno, la atención de los procesos se basa en fungir una función pública judicial donde no queden impunes las violaciones a los derechos humanos, puntualizó.

De acuerdo con informes de la Sala Constitucional, todos los casos de 2013 y 2014 han sido resueltos y solo se encuentran pendientes dos que corresponden al 2015 y 2016.

La Sala Constitucional, tiene competencia para conocer y, en su caso resolver diversos mecanismos de control constitucional estatal, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad; las peticiones formuladas por los demás tribunales y jueces del Estado cuando tengan duda sobre la constitucionalidad de una ley local.

Asimismo, conoce de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por el treinta por ciento de los diputados que integran la Legislatura local o por los órganos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación.

(A partir de este lunes 11 de abril, faltan 68 días para la implementación del Sistema Penal Acusatorio).