Pareciera un contrasentido que los entes públicos destinados a la promoción y el fomento a la vida democrática, sean los más interesados en terminar con la institución que está encargada de regular el funcionamiento del sistema electoral y democrático del país. Esa es, sin embargo, la angustiosa realidad a la que cotidianamente se enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) frente al régimen de partidos que, por doquier, busca minar su credibilidad y desacreditarlo como el árbitro de los procesos electorales.

En efecto, está a punto de arrancar la fase más álgida del proceso electoral 2017-2018, y las insinuaciones de los partidos en contra del INE están a la orden del día. De hecho, hoy el árbitro de los procesos electorales ya resiente varios escollos provocados por la paciente certeza que los partidos parecen tener en su contra: desde hace varios años, desde los partidos se ha buscado minar la credibilidad del INE a través de filtraciones, decisiones desafiantes sobre actos anticipados de campaña, y abiertos escarceos en contra de las reglas electorales para tratar de tentar al INE a imponerles sanciones y entonces redoblar sus estrategias de descrédito.

Un ejemplo claro de esto, lo vimos desde 2015 cuando el Partido Verde Ecologista de México le enderezó un duro golpe al INE al presuntamente filtrar por medio de terceros una conversación en la que el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se burla en una conversación telefónica privada de los representantes de un grupo indígena con los que había sostenido una reunión de trabajo. La filtración habría sido la respuesta del Verde en contra del INE, por la imposición de diversas sanciones económicas derivadas de infracciones reiteradas a las reglas electorales.

En esa lógica, es claro que lo realmente preocupante radica en cómo en nuestro país las discusiones de fondo son fácilmente manipulables, y cómo en un caso como el de los partidos contra el INE esto resulta de ser de mucha utilidad para quienes quieren desacreditar de fondo a las instituciones electorales. En aquella ocasión, en la que se difundió una conversación privada de Córdova Vianello, asunto de inmediato se convirtió en un escándalo, y en las redes sociales rápidamente escaló la tendencia a exigir su renuncia.

Ante ello, el INE aceptó la autenticidad de la grabación y condenó la intervención de comunicaciones telefónicas privadas, además de anunciar que presentaría una denuncia penal ante la PGR por la violación a la disposición constitucional contenida en el artículo 16, en el sentido de que todas las comunicaciones son en esencia privadas, y que sólo pueden ser intervenidas mediante una orden judicial cuando se está investigando la posible comisión de delitos.

Nada de esto permeó: lo único que fue realmente trascendente fue el golpe moral que le dieron no a Córdova Vianello, sino al INE en su conjunto como árbitro de los procesos electorales. Ese ha sido uno de los escollos de los que, hasta ahora, el órgano electoral nacional no ha podido reponerse; y ha sido una de las circunstancias más complejas a las que ha tenido que enfrentarse el INE en esta batalla electoral, que promete ser una de las más feroces y sin honor de que se tenga memoria.

TODOS CONTRA EL INE

Por ejemplo, hoy a nadie le preocupa que Andrés Manuel López Obrador tenga más de un año en campaña abierta, ya como un candidato presidencial de facto. En otras democracias eso no tendría nada de extraordinario, porque ahí tanto las reglas como los límites son claros para todos, y todos los respetan sin necesidad de tener una ley prohibitiva y un árbitro que más bien debe fungir como un policía. Sin embargo, en México las reglas electorales estrictas, y el INE, fueron confeccionados por los propios partidos políticos, que son exactamente los mismos que las incumplen sistemáticamente.

En esa lógica se inscribe la determinación de López Obrador de confrontarse y desafiar sistemáticamente al órgano y a las reglas electorales, consumando actos que debieran ser frenados si de verdad hubiera un Estado de Derecho y por ende un órgano electoral fuerte y legitimado. El problema es que el INE atraviesa por una debilidad institucional profunda, derivada de una enorme crisis de credibilidad, provocada por los propios partidos, lo cual provoca que hoy ya ni siquiera se atreva a aplicar la ley en los términos en los que debería hacerlo.

Así, por ejemplo Andrés Manuel puede decir abiertamente que está en campaña por la presidencia de la República, y nadie se atreve a sancionarlo; por eso mismo está anunciando, para la primera semana de diciembre, cuál será la integración de su gabinete para cuando asuma el gobierno federal, a pesar de que para esas fechas ni siquiera habrá iniciado aún la etapa del proselitismo electoral; esa —la debilidad del INE para aplicar y hacer cumplir sus determinaciones— es también la causa por la que el PAN y PRD están enfrascados en una lucha sin cuartel por la candidatura presidencial, importándoles poco que violen la ley; y, de hecho, es la misma causa por la que el PRI y el gobierno federal siguen amalgamados desde la campaña del Estado de México para hacer todo —lo legal y lo ilegal— con tal de conformar espacios que les permitan competitividad para los comicios presidenciales de 2018 en los que harán todo para no entregar la Presidencia de la República.

Todo esto se veía venir. Desde 2015, cuando los partidos comenzaron la estrategia de fondo de desacreditar a Lorenzo Córdova, su intención fue presentar al INE como una institución electoral sin calidad moral, social y política para fungir como árbitro en los procesos electorales… y esta sería una vuelta más a la tuerca de la presión política que se ha ejercido desde hace algunos años en contra de la institución electoral, a manos de los propios partidos políticos que al no tener capacidad de autorregularse y de asumir con responsabilidad sus compromisos democráticos con el país y los electores, optan por la argucia de desacreditar al Frankenstein que hoy intenta regularlos.

PIERDE EL PAÍS

En el fondo lo terrible es que quien pierde, y mucho, es el país. El análisis simplón lleva a suponer que fue el Partido Verde quien inauguró esta época de descrédito en contra del INE. Eventualmente, sí pudo haber sido éste el responsable de aquel aciago inicio, en respuesta a las sanciones impuestas. Pero también pudo haber sido cualquier otro partido, porque todos han sido adversarios del INE de más largo aliento; y que así como han denunciado fraude sin haberlo nunca podido comprobar, hoy estarían viendo los frutos de esa maniobra perversa a través de la cual han intentado anular de facto a la autoridad electoral.

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