Oaxaca, Oax.- En México, una gran cantidad de inversionistas se sienten atraídos por proyectos privados que prometen altos rendimientos, como desarrollos inmobiliarios, hoteles, complejos turísticos, hospitales, fraccionamientos o proyectos comerciales que se anuncian como “inversiones de alto potencial”.

Sin embargo, detrás de estas ofertas existe una realidad poco expuesta: la mayoría de estos proyectos carecen de regulación, supervisión y estándares mínimos de control.

Esto convierte al riesgo operativo en el factor principal que determina si el inversionista ganará o perderá su capital.

Este riesgo no tiene que ver con el mercado, la plusvalía, la ubicación o la demanda esperada. Se refiere a la capacidad —o incapacidad— del promotor para ejecutar, construir, concluir y operar el proyecto en los tiempos comprometidos.

En este tipo de inversiones, la operación lo es todo. Un proyecto que se retrasa deja de generar flujo, posterga la recuperación del capital y destruye el valor proyectado, especialmente cuando el retraso se combina con un periodo prolongado sin ingreso operativo.

Mientras que los instrumentos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores —como CETES, fondos de inversión, acciones o cuentas bancarias— deben cumplir reglas estrictas, auditorías y obligaciones de transparencia, los proyectos privados operan sin vigilancia institucional.

Eso significa que el inversionista queda expuesto a prácticas opacas, cambios de planes, incumplimientos -sobre todo- a retrasos que pueden ir de 12 a 24 meses o incluso más. Y aquí ocurre el mayor daño financiero: cada mes sin operación representa una pérdida directa en el ciclo de capitalización compuesta, que es el verdadero motor del crecimiento patrimonial sostenido.