En las últimas semanas hemos visto imágenes, a través de las redes sociales, de agresiones a ciudadanos que involucran a personas empleadas en el transporte público. Un incidente de tránsito derivó en golpes a presuntos abogados, por parte de taxistas, exigiendo pago inmediato por supuestos daños. No es la primera vez que ello ocurre. Los hemos visto trenzándose a golpes en plena vía pública.

Si alguien de manera accidental impacta una unidad local o foránea, de inmediato llegan en grupo, como guajolotes a echar montón, golpear o intimidar. Y qué decir de esa pandemia conocida como moto-taxis. Que lo mismo sirven para transporte de pasajeros que cosas ilícitas, como cobro de piso, secuestros, asaltos y narcomenudeo.

La semana pasada un ciclista fue igualmente tundido a golpes por un operador del transporte público y su chalán. La agresión fue video-grabada por cámaras instaladas en domicilios particulares. Gracias a ello nos hemos enterado de otros casos, como aquel operador de autobús urbano que abandonó a su ayudante, cuando éste quedó tendido en el pavimento, luego de caerse de la unidad.

Como este caso, a diario se suman alcances, accidentes, abusos y maltrato a usuarios, uso de celular cuando se está conduciendo, aparatos a todo volumen, etcétera. El acoso sexual y los tocamientos a mujeres en taxis foráneos; el sobrecupo, el exceso de velocidad, los cobros indebidos y la saturación de calles y avenidas, sobre todo en donde han instalado sus paraderos, son ya parte de la vida cotidiana.

Porque uno de los problemas generados a la vialidad citadina es, justamente, la entrada, salida y aparcamientos de dichas unidades, sin que las autoridades hayan tomado en serio la ubicación de un estacionamiento o terminal ex professo para los citados taxis foráneos y no lo hagan en la vía pública.

En su informe de gobierno, Salomón Jara anunció el pasado domingo, el compromiso de construir una importante obra en jurisdicción de Viguera, que agilice la circulación y ahorre tiempo a quienes transitan para entrar o salir de la capital. Además, la ampliación de los servicios del Binni Bus a otras regiones del estado que, con críticas, ha tenido la aceptación ciudadana. Sin embargo, en la capital, aún se ven cientos de viejas unidades, contaminantes y vil chatarra, circulando o averiadas en calles y avenidas.

Respecto a la violencia generada en el transporte público, la respuesta de la dependencia responsable, la Secretaría de Movilidad, sólo se remite a un boletín que advierte de sanciones, cancelación de concesiones, de licencias y otros. Pero nada de poner a disposición del Ministerio Público a los responsables para que sean castigados conforme lo dispone la ley. Es decir, se alienta la impunidad, por lo que, al no haber una medida punitiva severa, de tipo corporal o pecuniaria, la violencia seguirá viento en popa. (JPA)