La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a cinco expertos independientes en materia de derechos humanos para apoyar en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado.

El equipo realizará una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

El grupo tendrá las atribuciones de la "elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales".

Además de elaborar un "análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria", indicó Segob.

La dependencia detalló que en cada una de las tres áreas de acción, el grupo podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.

En el Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano, del 12 de noviembre de 2014, se estableció que la CIDH sería la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones.

A través del acuerdo, el Estado reiteró su "disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada".

La CIDH determinó que el grupo estará conformado por los abogados en derecho constitucional, Francisco Cox (Chile); especializada en derecho penal y derechos humanos, Claudia Paz y Paz (Guatemala), y especializada en derecho penal y ciencias criminológicas, Ángela Buitrago (Colombia).

Además de Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

El Estado mexicano se comprometió, conforme al acuerdo, a financiar por completo las actividades del grupo de expertos; para ello, depositó un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

Gobernación afirmó que el Estado mexicano continuará trabajando con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.

"Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos", precisó.