Ciudad de México.- Virgilio Andrade Martínez, el nuevo ‘zar anticorrupción’, asegura que a partir de mayo próximo todos los servidores públicos deberán presentar, junto con su declaración patrimonial, su declaración de intereses y que quienes no cumplan serán sancionados.

Ello como parte de las medidas que el gobierno federal implementará para prevenir el conflicto de interés entre servidores públicos, luego de recibir la instrucción presidencial de investigar si hubo alguna irregularidad en la compra de las casas del presidente Enrique Peña Nieto; su esposa, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

Andrade dijo que no se irá de su cargo, como lo han pedido diversas voces de la oposición por ser subordinado del Presidente e investigar al propio Ejecutivo por posible conflicto de interés.

“Las críticas forman parte del debate alrededor de un tema (el conflicto de interés) que había sido debatido con mayor pausa de la que se requiere, ahora nos encontramos en un escenario donde ha regresado con la intensidad necesaria para poder construir mejores instituciones y no hay nada particular que deba mencionar frente a opiniones o puntos de vista de legisladores o críticos”, asegura Andrade.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex titular de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) afirma que el presidente Enrique Peña Nieto le dio un mandato claro: que se investigue el conjunto de contratos entre el sector privado y el gobierno, para verificar si ha habido conflictos de intereses vinculados con las operaciones de las casas propiedad del Peña, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Advierte que su tarea no sólo se circunscribe a este caso, sino también a generar un marco que permita tener condiciones de confiabilidad en toda la administración federal, porque el objetivo es plantear el conflicto de interés de manera genérica para todo el gobierno y para siempre.

En su oficina del piso 10 de la Secretaría de la Función Pública (SPF), en Insurgentes Sur, Andrade reconoce que el actual andamiaje institucional es insuficiente para atacar el conflicto de interés, por lo que es necesario ampliar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos e incluir este rubro, así como mejorar los códigos de ética y la disciplina de los funcionarios.

Como medidas urgentes para prevenir el conflicto señala que se ampliará la declaración patrimonial para que en mayo todos los servidores públicos entreguen su declaración relacionada con el conflicto de interés, so pena de que quien no lo haga será sancionado.

El también ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) rechaza que él incurra en conflicto de interés, pues su hermano Víctor Manuel Andrade es director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano revisor del Poder Legislativo de la nación.

Virgilio Andrade Martínez es abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, de Nueva York; además fue secretario técnico y director adjunto de Promoción del Banrural, así como director general adjunto de Legislación Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero se le vincula con el PRI.

¿Cuáles son los retos que tiene que cumplir en su nuevo cargo?
—Trabajar para ir cerrando los espacios al conflicto de interés y realizar acciones más estructuradas para hacer que el gobierno sea eficaz, que se apegue a la legalidad, a las buenas prácticas internacionales y sea más transparente.

¿Cómo cerrarle el paso al conflicto de interés, cuando la regulación mexicana es casi inexistente?
—Se ampliará la declaración patrimonial para que en mayo los servidores públicos presenten su declaración relacionada con el conflicto de interés; se ampliará el código de ética para que (no) quede sólo en principios (y) sea un conjunto de reglas de integridad conforme a las prácticas internacionales. Serán transparentes el listado, tanto de funcionarios públicos vinculados con contrataciones públicas, como de particulares que han sido sancionados.

Para usted ¿qué es el conflicto de interés?
—Es la obtención de una ventaja indebida, ya sea del particular o del servidor público, derivada de una relación previa de carácter mercantil o comercial, o incluso la ventaja indebida que se haya obtenido previamente y que se refleje en una operación posterior relacionada con el ejercicio del cargo.

¿Usted podría incurrir en conflicto de interés, por su hermano que es el director Jurídico de la ASF?
—Él se dedica a una actividad totalmente distinta, no está vinculado conmigo en la absoluto, no tiene una situación de seguimiento en lo que hace la Función Pública y en ese sentido no existe conflicto de interés.

Pero él está en el Legislativo y usted en el Ejecutivo, ¿los Andrade ahora vigilan dos poderes?
—No, porque el ejercicio de la auditoría se enfoca al ejercicio de los gastos del gobierno federal y en ese sentido no hay ninguna relación entre nosotros.

Ha mencionado que no puede investigar al Presidente, ¿pero hasta dónde sí llegará la investigación?
—De acuerdo con la ley, el punto de partida de la investigación es la legalidad de los contratos que haya celebrado el gobierno, que vendieron o realizaron operaciones de las casas, ese es el punto de partida; hay una segunda situación vinculada con la declaración patrimonial y con base en esos dos factores habría un cruce de información para tener una conclusión legal.

El investigador Mauricio Merino dice que no se necesita a un grupo de expertos para saber que no habrá responsables...
—Estamos en una sociedad abierta, resulta sano que haya cuestionamientos y críticas, incluso permanentes, no estoy peleado con ello. El panel de expertos es importante porque puede enriquecer con opiniones el tipo de situación que deba venir en el futuro, con base en elementos que se haya detectado e incluso podrán opinar sobre la pulcritud del trabajo que realizará la Secretaría de la Función Pública.


En estos 24 meses, ¿qué controles fallaron en la Función Pública para no prevenir este posible caso de conflicto de interés?
—El conflicto de interés está reflejado de manera muy básica en las leyes actuales, entonces es necesario generar impulsos de carácter reglamentario para ampliar esa esfera, a reserva de lo que el Congreso pueda complementar.

Insisto, ¿en su opinión qué falló?
—Lo que se pretende abordar es lo relacionado con el mejoramiento del marco reglamentario, vinculado con la descripción de lo que es el conflicto de interés.

El presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, dice que si no puede renuncie...
—Las críticas forman parte del debate conceptual y político alrededor de un tema que había estado debatido con mayor pausa(…) No hay nada particular que deba mencionar frente a opiniones o puntos de vista de legisladores o críticos.

¿Es viable tener una Secretaría de la Función Pública como la actual?
—El plano del control cotidiano requiere de un auditor propio del gobierno, en este caso es un secretario de la Función Pública, porque se trata del control propio del Ejercicio, como lo tienen las empresas. Frente a esto es sano que exista rendición de cuentas, como se hace ante Auditoría Superior de la Federación, y un ente autónomo que verifique posibles ejercicios indebidos de recursos; es decir, corrupción, y junto con ello la Fiscalía General Anticorrupción que ya fue creada. En este modelo básico pudiera consistir el andamiaje que se necesita para estar en una plataforma diferente de tratamiento de este tema.

Entonces, ¿por qué seguimos hablando de los mismos temas, corrupción e impunidad?
—Es de reconocerse que llevamos mucho hablando de los mismos temas, es precisamente la importancia de ponerlos en el primer plano, porque no sólo está presente en México sino en el mundo en general, que se presenta con nuevas situaciones. En este caso el tema de conflicto de interés se vuelve el tema central, en la medida en que haya reglas claras y vigilancia cercana, y mayor transparencia, los servidores públicos tendrán mayor rectitud.

¿La Secretaría de la Función Pública ha dejado de atrapar a los llamados peces gordos?
—Muchas veces la desconfianza que existe por distintos factores y la complejidad del funcionamiento del gobierno pueden llevar a generar hipótesis que en ciertos casos no se pueden comprobar o de plano son falsos y esos son factores que pueden suceder.

¿O por mala integración de los expedientes?
—También existen factores relacionados con ese fenómeno.