Oaxaca, Oax.- Amnistía Internacional informó que está en riesgo la vida de dos de los principales testigos del homicidio del finlandés Jyri Jaakkola y de la defensora de derechos humanos Bety Cariño, asesinados en el año 2010 cerca de San Juan Copala en una emboscada.

La organización aseguró que los testigos, de quienes se omitió su nombre por seguridad, han sido víctimas de acoso en Oaxaca en un aparente intento de impedirles testificar ante un tribunal de justicia. Está previsto que presten en breve su testimonio oral ante un tribunal de justicia del estado.

De acuerdo con el informe, familiares de uno de los detenidos por al crimen intimidaron a las dos mujeres que presenciaron los hechos.

“Los familiares del acusado se encararon con las dos mujeres en la localidad de El Carrizal, estado de Oaxaca, sur de México, donde viven las dos, y les dijeron que se retractaran de sus testimonios escritos previos”.

En consecuencia, las testigos tuvieron que abandonar la población; pero el 3 y 4 de febrero, los mismos hombres se presentaron en la casa de las dos mujeres y dijeron a sus familiares que "algo malo puede pasar" si no se retractan de su testimonio.

La organización Amnistía Internacional informó que hasta el momento, las autoridades estatales no han proporcionado medidas suficientes de seguridad a las dos mujeres.

El 27 de abril de 2010, unos hombres pertenecientes a un grupo armado (vinculado, según informes, a las autoridades estatales y municipales) mataron a tiros en el estado de Oaxaca, en el sur de México, a la defensora de los derechos humanos mexicana Bety Cariño Trujillo y al observador de los derechos humanos finlandés Jyri Antero Jaakkola.

Los dos activistas formaban parte de un convoy humanitario que trataba de llegar hasta la remota comunidad indígena triqui de San Juan Copala, que llevaba varios meses sitiada por el grupo armado, con el fin de llevar alimentos y medicinas y documentar la situación de los derechos humanos.

Todos los demás miembros del convoy –unas 25 personas– sobrevivieron al ataque, pero algunos sufrieron heridas de bala y fueron capturados e interrogados por los asaltantes durante aproximadamente una hora antes de ser liberados. Algunos miembros del convoy huyeron de la región a pie, mientras que otros se vieron obligados a esconderse del grupo armado antes de ser rescatados.

Entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010, San Juan Copala estuvo sitiado por hombres armados pertenecientes a una organización indígena local (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT), aliada al partido que entonces gobernaba el estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante ese periodo, varios residentes locales perdieron la vida o resultaron heridos, pero los grupos armados siguieron actuando con impunidad. Las autoridades del estado no emprendieron ninguna acción para impedir y castigar esos abusos, y dejaron a la población de San Juan Copala expuesta a los ataques y sin acceso a servicios básicos durante varios meses.

Bety Cariño era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en la ciudad de Huajuapan de León, y había hecho campaña en favor de la verdad y la justicia por el homicidio de dos locutoras de radio comunitarias, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, cometido en San Juan Copala en 2008; Jyri Jaakkola era miembro de la organización finlandesa Uusi Tuuli (Nuevos Vientos), y había hecho campaña sobre el cambio climático, el comercio justo y la seguridad alimentaria, tanto en Finlandia como fuera de ella. Realizaba investigaciones sobre agricultura sostenible y cuestiones indígenas en el estado de Oaxaca.

En septiembre de 2012, un juez local dictó órdenes de detención contra 14 personas a las que, se cree implicadas en el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Dos de esas personas han sido detenidas, y una ha muerto. Las otras 11 permanecen en libertad. Las autoridades federales y estatales han prometido repetidamente medidas de protección efectiva a testigos y supervivientes del ataque, pero hasta el momento la aplicación de esas medidas ha sido escasa e inadecuada.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, estado de Oaxaca.

Once de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

El organismo internacional instó a las autoridades federales y estatales a brindar protección efectiva y completa a estas dos mujeres y a todos los testigos del caso, de estricta conformidad con los deseos de las personas afectadas, y cumpliendo plenamente la legislación local sobre protección de testigos.

Asimismo, exigió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el acoso a las testigos, y que los responsables rindan cuentas de sus actos; y una investigación exhaustiva sobre el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, así como sobre los homicidios, cometidos en los últimos años, de muchas otras personas de San Juan Copala, y que se incluyan en dicha investigación los aparentes vínculos entre bandas armadas y autoridades municipales y estatales; pidiendo también que los responsables comparezcan ante la justicia.