Cuando Juan Méndez (Lomas de Zamora, Argentina, 1944) entra en una cárcel o comisaría, nadie osa cerrarle el paso. Es el relator especial sobre la Tortura de la ONU. Considerado una autoridad mundial en la materia, este catedrático de Derecho ha impartido clases en las universidades de Georgetown, Johns Hopkins y Oxford. También presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero su verdadero conocimiento le viene de los años setenta, cuando era un joven abogado que defendía a presos políticos en Argentina. En represalia, durante un año y medio, fue confinado y torturado por la dictadura militar.

Juan Méndez presenta este lunes en Ginebra su examen de México, fruto de una visita realizada entre el 21 de abril al 2 de mayo pasado. El resultado es demoledor. “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad”, indica el informe, adelantado por EL PAÍS. La entrevista se hizo por teléfono. Méndez, en la habitación de su hotel, estaba preparando su intervención ante Naciones Unidas. Su tono fue siempre tranquilo.

Pregunta. Su informe es muy duro.

Respuesta. El informe es duro porque la realidad es difícil, y mi obligación es describir lo que vi.

P. ¿Hay motivos para tener miedo si se es detenido en México?

R. La tortura está generalizada en México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. En otros niveles, puede que ocurra menos o no ocurra. Pero en la lucha contra el crimen organizado todos los cuerpos que se ocupan de ella, desde militares a policías federales, estatales o municipales, muestran un patrón de conducta muy parecido, en métodos y duración. Todos incurren en la tortura. Por eso digo que está generalizada.

P. ¿Qué fue lo que más le impresionó de la visita?

R. La repetición de patrones. Escuché lo mismo de los testigos a los que hice entrevistas largas y minuciosas, que de aquellos que escogí al azar en cárceles. Nadie había sido bien tratado. Nunca hubiera pensado antes de venir a México que la tortura estuviera tan generalizada. Pero también me encontré con funcionarios federales y estatales comprometidos con el problema, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia. Allí tienen la intención de tomar el toro por las astas.

P. En vista de su informe, los casos de torturas son miles, pero solo se han registrado cinco sentencias condenatorias entre 2005 y 2013. ¿No cree que eso indica una absoluta indiferencia?

R. No creo que sea indiferencia. La impunidad se debe a muchos factores, el principal es no tomar la tortura con la gravedad que tiene; otro es el hecho de que se interponen todo tipo de obstáculos a la investigación, entre ellos, un espíritu de cuerpo: policías y militares no se acusan unos a otros. Y los controles que hay son de papel y no son eficaces. Las mismas comisiones de derechos humanos, aunque tienen un efecto positivo, no están a la altura de las necesidades.

P. ¿Por qué cree que la tortura está tan extendida en México?

R. En México y en otros países, las policías y los investigadores penales se han acostumbrado a tener un alto grado de manos libres en los interrogatorios. Tratan de acortar camino en vez de investigar. Una vez que se acostumbran es muy difícil acabar con esa práctica. Para ello se requiere no sólo expresar públicamente una voluntad política, sino mucha tensión y coraje para separar a los malos elementos y castigarlos, para recuperar la autoridad democrática.

P. ¿Cree que la guerra contra el narco ha sido la causante de este escenario?

R. No es la guerra contra el crimen organizado la que crea el problema, sino la falta de control interno y de cumplimiento de la ley. México se ha enfrentado al crimen organizado con instituciones no preparadas.

P. En su informe se describe una pesadilla kafkiana, con la complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. ¿Cómo evitarlo?

R. No es tanto complicidad, como omisión del deber. En México, se hace inversión de la carga de la prueba: es el detenido quien tiene que demostrar que fue torturado, cuando debería ser la acusación fiscal, la encargada de sostener la licitud de la confesión. No postulo un cambio en las normas procesales, sino que jueces y fiscales se tomen en serio las que tienen.

P. Usted presenta una amplia lista de recomendaciones, ¿cuál es la fundamental?

R. Hacer un esfuerzo mayor para romper el ciclo de impunidad. Es lamentable que habiendo tantos casos, sean muy pocos aquellos donde se constata la comisión de torturas, y muchos menos los que derivan en sanción penal. También se debe fortalecer el acceso de abogados en el momento oportuno, y no dos o tres días después de la detención. La Corte Suprema ha avanzado bastante en ese aspecto y está trabajando en un protocolo de actuación.

P. ¿Ha descendido la tortura con la presidencia de Enrique Peña Nieto?

R. No he hecho comparaciones de un sexenio a otro, pero según las fuentes que he consultado aparentemente hay un descenso de un 30% de los casos reportados. Puede deberse a que haya fuerzas más conscientes, o simplemente menos casos. Es un paso adelante, pero no resuelve el problema. Un solo caso de tortura es demasiado.

P. ¿Quiénes torturan más, los militares o los policías?

R. Todos igual. No hay ninguno mejor que otro.