La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo interpuesto por Mexicanos Primero sobre el desvío millonario en el presupuesto del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal, a favor del SNTE, la CNTE, aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos y otros usos indebidos del gasto educativo.

Por unanimidad los ministros de la Primera Sala también reconocieron el “interés legítimo” de Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, para impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación de calidad de las niñas, niños y jóvenes de México.

El amparo fue promovido en febrero de 2013 utilizando como pruebas los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010 elaborados por la misma ASF. En dichos informes la Auditoría presumía daños a la Hacienda Pública Federal por más de 30 mil millones de pesos por el indebido uso del recurso educativo.

En un comunicado, Mexicanos Primero dice que aunque todavía no conocen los detalles de la sentencia, “presumimos que la resolución obliga a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos federales y locales que hayan participado en el desvío de los recursos públicos destinados a la educación”.

Con ello, la Suprema Corte obligaría a la ASF a que no sólo informe de los presuntos daños al erario público federal que se reportan cada año por cantidades millonarias, sino a actuar en todos y cada uno de los casos detectados, para recuperar los recursos públicos desviados, procesar a los culpables, o fundar y motivar en los casos en que no inicie el procedimiento de responsabilidad.

“La ASF debería buscar en todos los casos regresar a la bolsa educativa los recursos que hayan sido desviados para fines distintos a los que determina la ley, así como castigar a los responsables de dichos desvíos, incluyendo a quienes pagan y a quienes reciben”, señalan.

Mexicanos Primero destaca que esta resolución es un gran avance en materia de defensa del derecho a la educación de calidad y de los derechos humanos en general, pues abre la posibilidad de otras organizaciones de la sociedad civil que acudan a nuestras cortes puedan hacerlo exigible.