También es lamentable que se desborden las ambiciones y que, sin importar el partido político del que provengan, los concejales vean en el presupuesto asignado a cada comunidad, una bolsa de dinero para beneficio particular o de grupo.

Hasta ahora, nadie se ha preocupado por cuidar ese resquicio legal que utilizan algunos concejales para recibir recursos de la Secretaría de Finanzas.

El Congreso local debe legislar para suspender las participaciones, tanto del ramo 28 como 33, a los concejales que no se pongan de acuerdo.

Las mesas de diálogo, principalmente encabezadas por la Secretaría General de Gobierno, han sido una garantía hasta ahora de que mediante acuerdos se solucionan los conflictos.

Por ello, es importante que los diputados locales, como garantes también de la gobernabilidad, limiten los pretextos a quienes únicamente buscan administrar los presupuestos para beneficio propio.

Por alguna razón, a la mayoría de quienes abusan de los presupuestos, lo hacen con tanta impunidad que ni siquiera se preocupan por rendir cuentas y menos por lo que pudiera definir, como procedimiento jurídico, la Auditoría Superior del Estado, ya que el órgano técnico aún no supera el papel que tuvo, en otros años, la Contaduría Pública del Poder Legislativo.