Su responsabilidad como presidente de la Comisión de la Verdad es muy clara. Tras investigar el caso, debe rendir un informe en el que recomiende que no se repitan este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Corresponderá a los poderes Ejecutivo y Legislativo publicar la investigación y si víctimas y testigos no quieren ser mencionados no se hará.

La Comisión de la Verdad no tiene facultades para hacer justicia. Su responsabilidad es rendir un informe completo de lo que pasó aquellos días.

Para aplicar la ley existen las instancias jurisdiccionales y administrativas que habrán de evaluar las pruebas científicas y técnicas, así como testimoniales, recabadas por el padre Alejandro Solalinde Guerra.

Al final, serán los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado y los jueces del Poder Judicial del Estado, quienes inicien las averiguaciones previas y los expedientes penales correspondientes, contra quienes resulten responsables de los actos constitutivos de delito, con motivo de las violaciones a los derechos humanos.

Como presidente de la Comisión de la Verdad, con un presupuesto de 12 millones de pesos a partir de este año, el presbítero, que la semana pasada inició el Viacrucis Migrante, seguramente tiene el voto de confianza de muchos oaxaqueños, ahora, sólo esperan que cumpla y no utilice este nuevo puesto para confrontar a una sociedad oaxaqueña que ya quiere y merece vivir en paz y tranquilidad.