Otra lectura del inciso b), nos hace caer en la cuenta que cualquier conductor de un automóvil o camión, excepto del transporte público, puede conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier droga y si causa sólo un homicidio –la ley dice “más de un homicidio”— tiene derecho a obtener su libertad bajo fianza y continuar el proceso en libertad, al fin y al cabo se trata de un homicidio culposo.

Cuando a Alejandro Vargas, el conductor del Audi señalado como responsable del accidente, se le concedió la libertad bajo fianza, con la legislación penal actual se puede llegar a la conclusión que aún en estado de ebriedad pudo obtener la libertad bajo caución.

Investigación aparte merecen los señalamientos en el sentido de que al hijo del señor Juvenal Vargas Orozco, lo beneficiaron las influencias de la familia y si hay elementos de prueba, quien debe proceder es el agente del Ministerio Público, sin que influya en ello el ánimo protagónico que también atropelló a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Eso debe hacer el Congreso local, analizar las leyes locales para adecuarlas a la realidad de los oaxaqueños y evitar así que cada vez se tengan más casos de impunidad, por la falta de severidad en las leyes que aprueban.

Es vergonzoso que en la tierra de Benito Juárez, donde se presume existen los mejores juristas, sólo con las versiones a medias de los periódicos y los espacios de noticias, todos emitan un veredicto, sin permitirle a la justicia que haga su trabajo.

Aún los juicios orales no tienen vigencia en los Valles Centrales, pero la sociedad ya enjuició al presunto responsable del accidente, sin embargo, para la justicia todavía existen una serie de procedimientos que la sociedad no debe olvidar y menos los universitarios y catedráticos que ahora demandan justicia.

La tragedia debe servir al Poder Legislativo y también a la Procuraduría General de Justicia del Estado; así como al Poder Judicial del Estado y a los profesionales de la abogacía para impulsar una serie de reformas al Código Penal del Estado, en el que se sancione con mayor severidad la comisión de delitos culposos.