SEGUNDA: El mejoramiento de los protocolos y procedimientos para prevenir y sancionar con mayor eficacia los casos de tortura, desaparición forzada de personas y ejecución extrajudicial. “Di indicaciones al Gabinete de Seguridad para que en la atención de estos delitos inaceptables, se adopten las mejores prácticas internacionales a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales, que garanticen el derecho a la justicia, así como la reparación integral del daño a las víctimas”.

TERCERA: La creación de nuevos mecanismos e indicadores en materia de derechos humanos. “Para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, promoveremos nuevos esquemas de seguimiento, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos e instituciones académicas”.

CUARTA: La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas. En este propósito, se instalarán Comités Estatales de Búsqueda; se creará un Sistema Nacional de Información Genética, para facilitar la identificación de personas no localizadas y se establecerán estándares de calidad para el funcionamiento de los servicios forenses en todo el país.

“Hoy tenemos información, o cada una de las Procuradurías de Justicia de las distintas entidades del país tiene información, pero hoy es dispersa y lo que buscamos es sistematizar esta información para que esto permita, o nos dé instrumentos de una mejor búsqueda y una mayor y más rápida identificación de personas que eventualmente han sido desaparecidas. Hoy ya existen esfuerzos en esta materia, pero tenemos que articularlos y consolidarlos en un sistema nacional”.

QUINTA: Es la publicación del Reglamento de la Ley General de Víctimas. “El pasado 28 de noviembre se publicó este reglamento que permitirá la creación del Registro Nacional de Víctimas y la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esto es fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil lo saben, porque han sido promotoras y precursoras de todo este andamiaje legal que hoy tiene nuestro país, y de todos estos instrumentos que se han creado para hacer efectivos los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

“Es importante, porque es la respuesta institucional a quienes han visto vulnerados sus derechos y exigen la reparación del daño”.
El Titular del Ejecutivo Federal precisó que para asegurar el adecuado cumplimiento de estas cinco acciones se ha conformado un grupo de seguimiento, el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Este grupo, añadió, está formado por expertos independientes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como por funcionarios de las distintas dependencias involucradas.

Tras refrendar el invariable compromiso del Gobierno de la República en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, expresó que junto al nuevo andamiaje legal se ha impulsado la promoción y defensa de los derechos humanos en toda la Administración Pública Federal. “Es una responsabilidad de todas las instancias y entidades gubernamentales el asumir plenamente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso en favor y en la defensa de los derechos humanos”, agregó.

El Presidente Peña Nieto destacó que “nuestro objetivo es crear, y esto es muy importante señalarlo, una nueva cultura en esta materia, que norme la actuación de cada una de las instancias del Estado mexicano”.

Resaltó que a través del Programa Nacional de Derechos Humanos, que presentó hace algunos meses, “estamos acelerando la capacitación de los servidores públicos en este tema fundamental”.

En el evento, el Primer Mandatario entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 a Juan Manuel Estrada Juárez, Presidente de la Fundación Find, por su invaluable labor en la búsqueda y localización de niños robados o desaparecidos. Además, entregó una mención honorífica a Mayela García Ramírez, por su trabajo comprometido en defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el estado de Veracruz.