Oaxaca, Oax.- La disputa por la Presidencia Municipal de San Juan Cotzocón desde el 2013 desató el terror en esta localidad de Oaxaca que se rige por el sistema de usos y costumbres: abuso sexual de mujeres, tratos crueles, inhumanos, degradantes, privaciones ilegales de la libertad, policías estatales y civiles muertos, y el desplazamiento de 200 personas que tuvieron que huir de su lugar de origen.
Esta es la relación de hechos.
Es diciembre uno del año dos mil trece en este municipio de la sierra norte de Oaxaca, la población, los candidatos, sus planillas, se preparan para la jornada electoral. Al final del día San Juan Cotzocón, Mixe, tiene nuevo presidente municipal, el contador público Jaime Regino Patricio de la planilla verde.
El resultado de la elección no fue del agrado de los otros dos candidatos. Gorgonio Tomás Mateos y Juan Eliel Inocente Hernández, de la blanca y la azul, respectivamente, la impugnaron ante los órganos electorales. Entonces, el infierno asomaba en esta localidad de veintidós mil trescientos cincuenta y seis habitantes.
Nueve días después de los comicios, Eliel Inocente interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para denunciar al entonces presidente municipal Efrén López Reyes, y al síndico Hugo Aquino Cruz, quienes lo amenazaron a él y a la gente que lo apoyó en su campaña, con privarlos de su libertad en la cárcel municipal, quitarles sus terrenos, sus casas y expulsarlos de la población.
Todo por no haber votado por el candidato de la planilla blanca encabezada por Gorgonio Tomás. A través de un megáfono, las autoridades citaron a los habitantes para una asamblea a verificarse el quince de ese mes y año, en donde pretendían privar de la libertad a diez líderes reconocidos de la población que apoyaron a la planilla azul, de la cual, el peticionario fue candidato a la Presidencia Municipal, y que tendrían que acatar lo que determinara la asamblea.
Ya en el año dos mil catorce, el presidente municipal electo Jaime Regino Patricio se vio obligado a salir de San Juan Cotzocón e instalar su oficina en la agencia municipal de María Lombardo y donde actualmente despacha. Esto implicó que en la práctica no hubiese autoridad en ese municipio. El infierno había empezado.
Gorgonio Tomás toma el control del municipio y hostiga a los habitantes, realiza privaciones ilegales de la libertad, abusos sexuales, desplazamientos de la comunidad y la imposición de multas excesivas, sobre todo a quienes consideraba adversarios políticos y a quienes no lo apoyaron para su elección. El infierno estaba instaurado.
El terror
11 diciembre 2013: Cabe mencionar que el dieciocho de ese mes y año, con base en un escrito exhibido por habitantes de la comunidad en el que se mencionó que se impidió el acceso de algunos ciudadanos a la asamblea comunitaria y que algunos fueron golpeados por los mismos pobladores, y además que sus agresores, obligaron a salir de la población a elementos de la policía estatal que había acudido a brindar seguridad.
El pasado veinticuatro de abril durante el desarrollo de una asamblea de ciudadanos en la comunidad, los señores Pablo Martínez Reyes, Macrino López Zeferino y Mauro Rodríguez Miguel, por instrucciones de quien se ostentaba como Síndico Municipal, fueron golpeados por los asambleístas y posteriormente internados en la cárcel municipal.
Los detenidos habían sido requeridos por el supuesto Síndico Municipal para tratar un adeudo adquirido por ellos en un fondo que pertenece a la comunidad.
Ese mismo día, José Nivardo Inocente Toledo, presidente de Bienes Comunales de San Juan Cotzocón, los ciudadanos Santiago Mateos, Humberto Bartolo, Cornelio Nicolás, Cornelio Martínez, Tranquilino Atilano, Gilberto Lorenzo, Gilberto Mateos, Abacuc Reyes, Venerando Miguel, entre otros, fueron detenidos y privados de la libertad en la cárcel municipal; y entraron en los domicilios de los demás comuneros para llevarlos a la cárcel municipal, además de bloquear los accesos a la comunidad, con camionetas resguardadas por personas armadas.
En total, fueron treinta y tres personas detenidas por las autoridades de facto, cuatro por la comisión de faltas administrativas y veintinueve por tener adeudos con la comunidad.
De autos también se advierte que quien convino con dichas personas para que pudieran obtener su libertad fue el señor Gorgonio Tomás Mateos, quien se ostentaba como “presidente popular” de San Juan Cotzocón, según información de la Secretaría General de Gobierno.
La DDHPO, por la violación a los derechos de las personas detenidas, emitió diversas medidas cautelares en su favor, para que las autoridades competentes intervinieran en el asunto y cesaran estos actos; pero, la respuesta no fue satisfactoria, y los hechos delictivos continuaron.
Casi un mes después, el veinte de mayo, un habitante de ese municipio fue sacado de su domicilio por aproximadamente cincuenta personas de la población enviadas pro Gorgonio Tomás, y de manera violenta lo trasladaron a la cárcel municipal, mientras que su sobrina también fue golpeada por sus captores.
Ese día, también entraron a una casa y golpearon a una joven de veinte años de edad, uno de sus agresores le aventó una piedra en la cara, y además la tocaron todo el cuerpo.
Horas después, el veintiuno de mayo, otra mujer de veintisiete años de edad, fue abusada sexualmente: cuando se dirigía a la tienda comunitaria CONASUPO, se encontró a mucha gente, entre las cuales reconoció Gorgonio Tomás, quien se burló de ella y luego le preguntó que cuánto dinero quería para que se pudiera acostar con él; y después cuando fue encarcelada, el señor Gorgonio y sus seguidores, la intimidaron, le tocaron dentro y fuera de su ropa interior, así como las piernas, y le apretaron los glúteos.
En el dictamen psicológico, en poder de la DDHPO, se determinó que sufrió abuso sexual de forma tumultuaria; que vivenció actos humillantes y denigrantes, así como agresiones, característicos de la violencia de género y violencia sexual hacia la mujer; que también vivió acoso sexual, comentarios ofensivos y humillantes de carácter sexual, pues Gorgonio Tomás Mateos le propuso pagar con dinero “favores sexuales”.
El veintidós de mayo, un grupo de personas llegaron a la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, y, frente a los alumnos, jalonearon a una profesora, a quien se llevaron a la cárcel municipal y abusaron sexualmente de ella, le levantaron la blusa y comenzaron a tocar todo su cuerpo.
En tanto que un grupo de jóvenes detuvo a la madre de la profesora y la trasladaron a la cárcel municipal. Dos días después fue informada por quien se ostentaba como Alcalde Municipal que su detención fue por haber violado el reglamento, y que sería presentada en la asamblea. Ya en la asamblea, se le dijo que había un acuerdo consistente en que nadie debía visitar al presidente municipal Jaime Regino, por lo que al haber violado dicho acuerdo, tanto a ella como a su hija les dieron diez horas para que sacaran sus cosas y se fueran de la comunidad.
Además, algunos pobladores empezaron a ser excluidos de los programas federales y estatales como Pro agro, Pro café, y Progran Productivo; amenazas constantes a los titulares del programa oportunidades y 70 y más; relegados de las festividades religiosas, deportivas y convivencias comunitarias; bloqueos en los accesos a la comunidad, por lo que sus víveres estaban escaseando y no tenían acceso a los servicios médicos.
También observaron la portación de armamento de grueso calibre por parte de sus agresores; la expulsar a dos profesoras; abusos sexuales a ciudadanas; saquear sus ranchos y casas habitacionales; desconectar las mangueras de las tomas de agua, la destrucción del potrero del señor Juan Remigio Tomás; impedir a los profesores que ingresaran a sus salones a impartir clases; negarles la venta de los granos como el maíz y el frijol y artículos de primera necesidad en la tienda comunitaria; exigir un pago de cinco mil pesos a sus compañeros que deseaban reingresar a la asamblea.
El “presidente popular” Gorgonio Tomán ordenó la colocación de retenes, que limitaban la libertad de tránsito de las personas; incluso, la propia autoridad responsable informó que el quince de diciembre de dos mil trece, personal de la Quinta Comandancia de Sector con sede en Palomares, Oaxaca, acudió al Municipio de San Juan Cotzocón, pero fueron recibidos de manera hostil por las autoridades del lugar, quienes invitaron al personal policial a retirarse debido a que ellos no habían solicitado el apoyo; o de lo contrario, amenazaban con retenerlos y quemar la patrulla en que se transportaban, la policía optó por retirarse.
Aunado a lo anterior, el día veintiséis de mayo de dos mil catorce, un aproximado de veinte pobladores, vigilaban los accesos de la comunidad e impedían el libre tránsito de las personas. Gorgonio Tomás dijo al oficial de la Policía Estatal, Narciso Ruiz Eugenio, que no pasaba nada porque mantenían guardias en la entrada y salida del municipio, y colocaron postes de concreto para poner una cadena.
Ante el temor de ser objeto de agresiones por el clima de inseguridad que se vivió en la población, los maestros determinaron salir de la comunidad, y desde entonces, no hay clases en San Juan Cotzocón.
El operativo
A raíz de las detenciones masivas llevadas a cabo en la comunidad de San Juan Cotzocón, la situación se agravó ante el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia el once de junio en la comunidad para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de personas de San Juan Cotzocón y de cateo derivadas de la comisión de hechos delictuosos cometidos por habitantes de ese lugar, como son privaciones ilegales de la libertad, robos y abusos sexuales, como así se advierte de los informes rendidos por ambas dependencias.
La respuesta de la Secretaría General de Gobierno, a cargo Alfonso Gómez Sandoval, fue que había intervenido de forma permanente a través de sus diferentes Subsecretarías y Direcciones, entablando mesas de trabajo con las partes involucradas en el conflicto, pero que el grupo de ciudadanos encabezados por Gorgonio Tomás, no había accedido a tomar acuerdos en beneficio de los habitantes y que por tanto, la Secretaría no los podía obligar a ello, ante la falta de voluntad entre las partes.
El once de junio de dos mil catorce, por la madrugada, en la comunidad de San Juan Cotzocón, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes sin motivo justificado detuvieron a la señora Graciela Mateo Guzmán y a otras personas que se encontraban en la iglesia comunitaria, sin que tuviera conocimiento de su paradero.
Aproximadamente a las seis horas con cuarenta y cinco minutos, fueron detenidos tres personas por elementos policiacos, quienes sin justificación alguna los sacaron de su vivienda y golpearon a Juventino Zeferino Bernal.
Esto provocó un enfrentamiento que resultó en la muerte de ocho personas, entre ellas dos policías estatales y dos agentes estatales de investigación, otras más heridas, y se detuvo a ciento sesenta y cuatro personas, algunas de ellas cuando se encontraban en sus domicilios.
Tal situación generó miedo e incertidumbre en la comunidad y se suspendieron los servicios de salud y educación, pues el personal de estas áreas salió de la población por la falta de seguridad y garantías para la realización de sus actividades.
También provocó que casi doscientas personas abandonaran la comunidad para refugiarse en un albergue en la ciudad de Oaxaca, por el temor a ser afectados en su integridad física y seguridad personal por parte del grupo de pobladores afines al señor Gorgonio Tomás, de quienes habían recibido amenazas principalmente vía telefónica.
Los elementos de la Policía Estatal dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, transgredieron diversos derechos humanos e hicieron uso desproporcionado de la fuerza.
El personal de las dos dependencias fue enviado a San Juan Cotzocón sin que se les informara a qué iban. Los elementos policíacos tuvieron conocimiento que se trasladarían a la comunidad de San Juan Cotzocón, para llevar a cabo la ejecución de órdenes de aprehensión y de órdenes de cateo, sin el tiempo suficiente para enterarse de la Orden General de Operaciones elaborada para tal efecto.
Según los partes informativos rendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, el diez de junio de dos mil catorce, entre las diecinueve y veinte horas, recibieron indicaciones verbales para que se prepararan de manera inmediata para un operativo que se efectuaría en la población.
Si bien existió una Orden General de Operaciones para tomar acciones de seguridad, a fin de llevar a cabo el operativo en comento, no existió la coordinación necesaria entre las corporaciones policiacas para actuar conforme lo ameritaba la situación; ni se realizó conforme a la legalidad, ya que las autoridades encargadas de su ejecución, no guardaron la secrecía correspondiente, ya que en autos quedó demostrado que la noche anterior a la ejecución del operativo, hubo una gran movilización en la comunidad, además de los rumores de que arribaría personal de Gobierno.
De la tarjeta informativa sin número, del diecinueve de junio de dos mil catorce, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local “A”, de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así como de algunos testimonios de vecinos de San Juan Cotzocón, se sabe que algunos pobladores sirvieron como guías para que señalaran las viviendas de las personas a quienes se les ejecutarían ordenes de aprehensión, y para que así, los elementos policíacos ubicaran los domicilios, por lo que se expuso a dichas personas a alguna represalia por parte de quienes serían aprehendidos, e incluso a que se atentara contra su integridad personal. Y que en efecto ocurrió, pues una de las personas fallecidas era precisamente un guía.
La malversación de los recursos
Algunos pobladores han señalado a diversos actores políticos como los responsables de la violencia en este municipio. Uno de quienes señalan, es el ex diputado Jesús Madrid, quien asistía a las asambleas acompañando a las autoridades municipales de los últimos años, las cuales lo nombraron como su asesor, y para fungir como interlocutor entre las autoridades de San Juan Cotzocón y las autoridades estatales.
Jesús Madrid también ha intervenido en diversas impugnaciones electorales y actualmente apoya al grupo de Gorgonio Tomás.
La situación también ha provocado que se desconozca el destino de los recursos públicos que le fueron asignados al Municipio, porque en los últimos años, solo hay construcción de obras menores, como el revestimiento de calles o la colocación de techos en las canchas; y en las asambleas no se les informa adecuadamente sobre el destino de los fondos públicos, ni se traduce la información a la lengua Mixe.
Esto, mientras quienes han tenido algún cargo público poseen propiedades que no tenían al inicio de su gestión.
Impunidad y Gobierno negligente
De acuerdo con la DDHPO, los entonces Presidente y Síndico Municipales de San Juan Cotzocón, tenían la obligación de atender la situación pues en la fecha en que comenzaron a suscitarse las violaciones reclamadas, aún se encontraban en funciones.
También advirtió la responsabilidad por omisión del Jaime Regino Patricio, actual presidente Municipal de San Juan Cotzocón, por su indiferencia y omisión en la intervención oportuna en la problemática que se vive en esa comunidad.
“Ello es así, pues a principios del presente año dos mil catorce, al tomar posesión de su encargo, instaló sus oficinas en la Agencia Municipal de María Lombardo, dejando a San Juan Cotzocón, en estado de ingobernabilidad ante la nula existencia del representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento”.
Desde el once de diciembre de dos mil trece, se solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego), para que pudiera distender la problemática que se iba desbordando, sin embargo, a pesar de que aceptó la medida cautelar que en vía de colaboración se le solicitó para que implementara mesas de diálogo a fin de mantener las relaciones armónicas en la comunidad, no realizó alguna acción efectiva tendiente a lograr lo solicitado.
Las respuestas de la Segego era que los hechos narrados eran probablemente constitutivos de delito y no tenía atribuciones para su atención.
“En ese tenor, se percibe con claridad una omisión de la Secretaría General de Gobierno en la atención que se debió brindar a la problemática expuesta desde sus inicios. Tal situación es preocupante, en virtud de que, si bien, los hechos expuestos fueron atribuidos a particulares, lo cierto es que se presentaba en la comunidad un problema de gran magnitud que debía abordarse de manera integral, no sólo por la autoridad municipal, sino por todas las instancias de gobierno que tuvieran injerencia en el mismo”.
Para la DDHPO es claro que existió omisión por parte de la Secretaría General de Gobierno para atender a tiempo y de manera eficaz, los hechos que se estaban suscitando en la población de San Juan Cotzocón, por lo que los servidores públicos de esta dependencia tienen una responsabilidad, pues faltaron a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, situación que derivó en actos irreparables.
Con relación a la Secretaría de Seguridad Pública, también se advierten omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, lo que fomentó la inseguridad que existía en la población ante la falta de una actuación institucional articulada e idónea para abatir la problemática que se generó a raíz de un problema postelectoral.
Durante la intervención que tuvo la Procuraduría General de Justicia del Estado incurrió en omisiones que transgredieron derechos humanos.
Por ejemplo, el veintiocho de abril del año con motivo de la detención de tres ciudadanos de San Juan Cotzocón por parte del Síndico Municipal, se solicitó a la Procuraduría que un Agente del Ministerio Público se apersonara en los separos de la cárcel municipal de San Juan Cotzocón y requiriera al Síndico Municipal que en el caso de que los detenidos hubieran cometido algún delito los pusiera a su disposición, y de no ser así los dejara en libertad.
El veintiséis de mayo del año en curso, al tenerse noticia de que nuevamente se encontraban detenidas varias personas en la cárcel municipal, entre ellas algunas del sexo femenino, se pidió también un Agente del Ministerio Público se constituyera en el lugar.
“Así, si bien el veintidós de mayo se constituyó en la comunidad el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de María Lombardo de Caso, éste informó que únicamente se encontraban personas del sexo masculino, privadas de su libertad por una deuda con la comunidad, por haber solicitado un préstamo, y que de acuerdo con los sistemas normativos internos serían liberadas en las horas siguientes previo acuerdo respecto de la cantidad adeudada.
“No obstante, esta Defensoría recabó diversos testimonios vertidos por ciudadanos de esa localidad, de los cuales se desprende que la actuación del referido Agente del Ministerio Público no fue eficaz, pues no se cercioró exhaustivamente de que no se estuvieran cometiendo conductas posiblemente delictivas por parte de algunos habitantes de la comunidad, pues la referida autoridad también informó que respecto de otras dos personas que también habrían sido privadas de la libertad, se puso en contacto vía telefónica con el señor Gorgonio Pérez, representante de la población, quien manifestó que ninguna de las personas referidas había sido privada de su libertad”.
Otra irregularidad advertida con relación a la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es la relativa a la falta de una coordinación adecuada con las demás instancias implicadas en el operativo que tuvo lugar el once de junio de dos mil catorce, pues del cúmulo de evidencias recabadas, se desprende que probablemente la información que se dio sobre el tiempo y forma en que se llevaría a cabo se difundió a otras personas ajenas a él, lo que permitió poner sobre aviso a quienes serían aprehendidos.
“También es de señalarse que muy probablemente no hubo un trabajo de investigación previo sobre las condiciones y riesgos que implicaría la ejecución de las correspondientes órdenes de aprehensión, ni se coordinó eficientemente la forma en que interactuarían los elementos policiacos de las dos Dependencias que intervinieron”.
Infierno permanente, futuro incierto
Hasta ahora los 170 desplazados de San Juan Cotzocón, entre ellos 55 niños, permanecen en el albergue la parroquia de Felícitas y Perpetua, ubicada en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.
Ernesto Remigio, uno de los campesinos desplazados, afirma que no existen las condiciones de seguridad para regresar a su lugar de origen y desmintió la versión del Gobierno del Estado que afirma que algunos ya retornaron.
Mientras tanto, un grupo de maestros de la Sección 22 del SNTE dio a conocer que suspendieron clases en la agencia municipal El Porvenir, localidad que pertenece a San Juan Cotzocón, porque no hay condiciones de seguridad para trabajar.
El futuro para los desplazados es incierto, los delitos que se han cometido en ese municipio continúan en la impunidad y el Gobierno de Oaxaca se ha dedicado a minimizar los hechos.
|
|
|
Se deslindan maestros de la agresión a federales; fue con saña: Galindo
Periodistas se humillaron a punta de fusiles y gritos
Mujeres triquis exigen empleo, retorno seguro a Copala y reubicación
Normalistas y maestros de la Sección XXII accionan contra la ciudad capital
San Juan Mazatlán no permitirá elecciones por partidos políticos
Cierran diputados periodo sin esperar minutas del Senado
Adán llegó a México
Juez ordena liberar a mujeres por caso Tlatlaya
Juez concede 20 días más de arraigo a esposa de Abarca
Más atención a grupos vulnerables e indígenas, exige García Morales
El peso se ha empezado a estabilizar, asegura Agustín Carstens, del BM
Incitan maestros de la 22 a tomar las armas contra el terrorismo de Estado
Vecinos de Etla toman tres Escuelas, demandan suministro de agua potable
Se destapa Orlando Emilio Hernández Para dirigir la CMIC en Oaxaca
Lamenta IAGO, insensibilidad y nulo apoyo del Gobierno del Estado
Rinde Informe Legislativo Vilma Martínez
Matus Fuentes: trabajamos de tiempo completo y legislamos con el corazón
En Mitla dan 24 horas al IEEPO para pagar sueldos retenidos de la 59
Despliega SSP operativo de seguridad en Eloxochitlán de Flores Magón
Queman autos de la policía en Chilpancingo, Guerrero
