Oaxaca, Oax.- Las ex autoridades municipales del Ayuntamiento de San Antonino Castillo Velasco fueron detenidas por el asesinato o ejecución extrajudicial el 2 de octubre de 2006 de Arcadio Hernández Santiago, campesino, policía comunitario y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

La Comisión de la Verdad de Oaxaca, presidida por el sacerdote Alejandro Solalinde, informó que la consignación de los ex funcionarios de ese Ayuntamiento fue el resultado de los trabajos de investigación de la comisión y de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, instancias creadas para conocer las causas que motivaron violaciones a derechos humanos durante el conflicto político y social en los años 2006 y 2007.

La consignación se presentó este día ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, y para los integrantes de la Comisión pretende ser un primer paso en la aplicación de justicia sobre los casos de 2006 y 2007.

Por ello, hicieron llamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado a actuar con estricto apego a la legalidad y basado en principios de justicia transicional para que se ordene la aprehensión de estas ex autoridades y se juzgue conforme a derecho. “También hacemos un llamado al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que emita medidas cautelares que garanticen la seguridad e integridad de familiares, testigos y todos los involucrados en el caso. La Comisión de la Verdad dará seguimiento a los procedimientos que se lleven a cabo o se dejen de hacer e incorporará una relatoría al Informe que presentará en febrero de 2016”.

El 2 de octubre de 2006, en el paraje conocido como la Rotonda de las Azucenas. Mientras la policía comunitaria realizaba rondines de vigilancia sin armas de fuego fueron atacados por personas a quienes se logróÌ� identificar como policías municipales que actuaron por órdenes de su autoridad superior. Aunque ninguno de los indiciados confiesa su participación en el crimen, sí reconocen y dan cuenta de haberse encontrado en la escena del mismo en la hora y lugar señalado, además de que reconocen haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Los acompañantes de la víctima señalan e identifican plenamente a los indiciados con todo y que algunos portaban ropas negras y pasamontañas.

Los perpetradores del crimen, de quienes se reservó su identidad para no entorpecer la acción de la justicia, actuaron en coautoría y consumaron la Ejecución Extrajudicial en pleno ejercicio de sus funciones como autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco.

“Este hecho se considera una Ejecución Extrajudicial por la participación de agentes del Estado. Además de calificarse como un delito constituye una violación grave a los derechos humanos”, informaron los integrantes de la Comisión de la Verdad.

La causa de muerte de Arcadio Hernández Santiago, de acuerdo a los peritajes practicados, fue por Hemorragia masiva intratoráxica por lesión a órganos vitales y vasculares producidos por proyectil disparado por arma de fuego calibre 9 milímetros. De los estudios de laboratorio realizados en el cuerpo del occiso se desprende que no se encontró presencia de alcohol etílico así como de ninguna droga. Asimismo se desprende de los estudios que la víctima no accionó ninguna arma de fuego.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, para la integración de la Averiguación Previa 21/FIDTS/2011 se analizaron un total de 84 pruebas. Entre estos materiales de estudio se encuentran la autopsia forense, dictámenes de balística, planimetría, química forense, mecánica de lesiones, entre otros elementos probatorios.

“La Comisión de la Verdad de Oaxaca realizó un peritaje socio antropológico para determinar las condiciones del contexto social en el que sucedieron los hechos, así como también un peritaje sobre Reparación del Daño de los deudos, toda vez que la viuda y los siete hijos huérfanos que dejó el señor Arcadio Hernández Santiago, a la fecha, no han sido indemnizados, como sí ha sucedido con algunas otras víctimas. El único apoyo recibido ha sido por parte del Fideicomiso de Apoyo a Familiares de los Caídos de 2006 de la Sección 22”.

Del mismo modo, informaron que a la par de esta Ejecución Extrajudicial, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco se cometieron múltiples y graves violaciones a los derechos humanos en el periodo 2006 y 2007. Se presume que estas acciones, agregaron, además de realizarse con total impunidad, contaron con la colaboración de autoridades estatales. La ejecución extrajudicial perpetrada no fue un hecho aislado, afirman, fue cometida en el marco de un conflicto social estatal.

“Estos acontecimientos se dieron en el contexto del conflicto municipal, donde ciudadanos inconformes desconocieron a su autoridad e integraron un Ayuntamiento Popular. Es importante señalar que el contexto de la crisis social en Oaxaca alentó a ciudadanos de diversos municipios, entre estos el de San Antonino Castillo Velasco, a manifestar sus inconformidades y a hacer visible el malestar social contra sus autoridades por los abusos y la suma de agravios cometidos por éstas.

“El conflicto social de 2006 en Oaxaca, no se circunscribió a un conflicto en unas cuantas calles de la ciudad capital. El caso de San Antonino, así como otros casos que también está documentando la Comisión de la Verdad, hacen evidente que el conflicto de 2006 fue generalizado en las 8 regiones del estado”, refiere el informe.

Por primera vez en México hay una consignación de Ejecución Extrajudicial, basada en estándares internacionales, afirma la Comisión.

“Este hecho puede ser el inicio de una aplicación de la justicia que rompa el pacto de impunidad prevaleciente. Frente a las grandes exigencias y demandas nacionales e internacionales -por poner ejemplos recientes los casos de Ayotzinapa y Guatemala- la acción coordinada de las autoridades y la aplicación de criterios de justicia transicional, no repetición y derecho a la verdad pueden hacer que se rompa la continuidad en la impunidad, la complicidad entre autoridades y la corrupción que permea en nuestro aparato de procuración de justicia”.