Oaxaca, Oax.- “La salud de las democracias, cualquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”, señala con agudeza Ortega y Gasset. No seguir esta máxima ha logrado obstaculizar la democracia, el descrédito en las instituciones, la consolidación de la partidocracia y el caos ético de la clase política.

Un círculo vicioso en las distintas reformas electorales de los últimos años, ha sido que, por un lado los partidos políticos, vía sus representantes en el Congreso de la Unión aprueban normas cada vez más avanzadas para regular las elecciones y sus distintas fases y ámbitos que se involucran. Sin embargo, dejan también resquicios diversos, justo los que se necesitan para que, en la praxis, los propios partidos burlen las leyes que ellos mismos aprobaron.

1.- La prueba fehaciente y descarada de ello, es la que protagoniza el Partido Verde (PVEM). Hasta hace un par de semanas, este partido había acumulado multas por 190 millones de pesos, y aún faltan por resolver otras quejas en su contra. La violación es tal, que los otros partidos y miles de ciudadanos han exigido que se cancele su registro ante lo sistemático de sus irregularidades. Los artilugios legales de poco le han servido, pero la legislación también está limitada (o no tiene la claridad pertinente) para llegar a ese nivel de sanción.

Además, son valores entendidos entre legisladores y partidos. Todos apuestan a inventar las más ingeniosas estratagemas para eludir la ley. Como el PVEM simulan informes legislativos y de gobernantes para hacer propaganda electoral; inventan asociaciones civiles o se coluden con efímeras revistas, para que éstas se anuncien y, casualmente, en las portadas aparecen los aspirantes a cargos de elección popular y sus slogans de campaña. Por supuesto, exigen exclusividad en el manejo de esas simulaciones y piden se castiguen los mismos hechos, pero en sus adversarios; lo que la conseja popular ha bautizado como “hágase la voluntad del señor, pero en los bueyes de mi compadre”.

La armonización legislativa en Oaxaca, tiene límites, cierto. La legislación general promulgada por el Congreso de la Unión, deja poco margen de acción. Pero hay temas en los que se pueden avanzar. Uno de ellos es precisamente el endurecer las sanciones: establecer que una violación sistemática de la legislación o ante una estrategia deliberada de comunicación política diseñada para eludir restricciones legales y que trastocan la equidad de la competencia.conduce inevitablemente a la cancelación del registro.

Ponderar criterios respecto a lo que se interpreta como actos anticipados de campaña y considerar los criterios ya establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a actos de esta naturaleza. Sin duda, inhibirían la continuación de esas acciones. No hacerlo, es una invitación, que los propios legisladores alientan, a la violación persistente de la ley.

2.- En materia de paridad de género los partidos que la aprobaron, son los que se rehúsan a cumplirla. Tras la determinación del TEPJF de que la paridad no sólo es vertical (esto es en la planilla a concejales deben ir en forma alternada), ahora tras sentencias de mujeres que impugnaron las designaciones en diversos estados (Morelos, Querétaro y Tabasco, entre otros), establecieron que ésta debe ser también horizontal (esto es, del total de municipios en que registren planillas, la mitad deben ser encabezadas por mujeres y la otra mitad por hombres).

La estrategia seguida en Querétaro y Tabasco por PRI, PRD, MC y PVEM, nos muestra la renuencia a cumplir con este principio. Tras la resolución del tribunal electoral federal, que ordenaba sustituir candidaturas de varones para colocar a mujeres, estos partidos optaron por colocar en lugar de los desplazados ¡¡a sus esposas, hermanas o primas!! Todo quedó en familia. El argumento es que son mujeres, pero es claro que se violenta la intención de igualdad de oportunidades. En todo caso, si los partidos no están de acuerdo con estas reglas, pudieron no aprobarlas o establecer esquemas distintos en la ley, no aprobar las normas para luego violarla.

En la legislación local, entonces, habrán de establecerse criterios firmes respecto a las formas de cumplir efectivamente con la paridad y evitar a las “juanitas”. De lo contrario, por más que legisladores y legisladoras se rasguen las vestiduras en discursos democráticos, estarán haciendo lo contrario.

Son estos apenas un par de temas de una larga lista de detalles que pueden ser atendidos en la legislación electoral. El actual proceso electoral federal ha dejado ya distintas lecciones sobre las lagunas y limitaciones de la reforma. Las más graves tienen que ver con la violación sistemática a la normatividad por los partidos políticos y la ausencia de sanciones severas es una de ellas. Hay oportunidad de que los legisladores locales demuestren su compromiso democrático.

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