Claro ejemplo de esta situación es el guerrerense Rafael Navarrete Quezada, quien a partir de hoy deja una estela de escandalosa corrupción en la dirección del Centro SCT-Oaxaca.

El presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO), Luis Alberto Ramírez Colmenares, denunció el desvío de 580 millones de pesos, que Navarrete Quezada utilizó en campañas electorales,

Por ello, presentó una denuncia en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del ex delegado federal de la SCT.

La denuncia del dirigente de CADCO debe ser retomada por el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados federal, Francisco Martínez Neri, ya que el dinero desviado por Navarrete financió la campaña a gobernador del priista Héctor Astudillo Flores.

Los principales interesados en dar seguimiento a la denuncia del presidente de CADCO deben ser los dirigentes nacionales y estatales del PRD en Guerrero, porque gracias al dinero enviado por Rafael Navarrete, fue derrotada su candidata a la gobernación Beatriz Mojica Morga, lo que también debe interesar al Instituto Nacional Electoral.

Hábil y perversamente, el ex director del Centro SCT en el estado de Guerrero y ex director general adjunto del Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummins, también financió campañas de priistas en Oaxaca.

Ramírez Colmenares denunció que el delegado de la SCT, Rafael Navarrete Quezada, adjudicó de manera ilegal y pasando por alto lo que marca la Ley de Obras Públicas y el PEF, 33 contratos por un monto de 580 millones de pesos.

Además, el pasado 15 de mayo, el también integrante de CADCO, Efrén Robles acusó a Navarrete Quezada de cobrar por adelantado el 15 por ciento del contrato por la adjudicación de obra a las empresas constructoras.

De los tres mil 220 millones de pesos ejercidos en 2014 en 365 contratos, dos mil 037 millones de pesos, es decir, el 65% por ciento, fueron adjudicados a empresas foráneas, por lo que es falso que el 69% se adjudiquen a empresas locales.

Los denunciantes especificaron que mil 846 millones de pesos fueron por licitación directa en 118 contratos, mil 325 millones de pesos por invitación a cuando menos tres personas y 174 contratos; y 49 millones de pesos por adjudicación en 73 contratos.

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