Oaxaca, Oax.- La Comisión de la Verdad, que preside el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, solo tienen facultades morales, más no facultades legales para citar a declarar a funcionarios y ex –funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con los hechos del movimiento popular-magisterial del 2006-2007, afirmó el Presidente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca (COESPACIO), Manuel Silva Sumano.

El Licenciado en Derecho aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió su dictamen y por lo tanto, el asunto es “Cosa Juzgada” y nadie puede ser procesado y juzgado dos veces por el mismo delito.

Explicó que la Comisión de la Verdad fue creada a través de un decreto, por lo tanto, carece de facultades legales para reabrir las investigaciones a quienes supuestamente “violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante o no participante en el movimiento social del 2006-2007”.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia, concluyó que “el Gobierno del Estado no tuvo elementos suficientes para contener la movilización social del 2006”, lo que desencadenó una serie de efectos colaterales que derivaron en asesinatos, ejecuciones, millonarios daños al patrimonio estatal y federal, a particulares y decenas de detenciones.

Precisó que todos los implicados y detenidos por los hechos del 2006 y 2007 se encuentran en libertad, inclusive, algunos fueron premiados con diputaciones locales y federales o con algún cargo en la administración gubernamental del gobierno de la coalición.

Añadió que el Gobierno de la “Paz y el Progreso” instaló una mesa de recepción para recabar nombres de “supuestas víctimas de agresiones por daños a comercios y propiedades, otros más por haber sido encarcelados y por violaciones a sus derechos humanos, todos ellos recibieron indemnizaciones sin más pruebas que sus testimonios y son los mismos que buscan seguir beneficiándose de los recursos públicos.