Oaxaca, Oax.- Esa es la palabra correcta. “Una vergüenza nacional”, con la que se debe calificar a los señores diputados de la LXII Legislatura estatal, quienes al inicio de su gestión, contrario a los principios constitucionales, se auto aprobaron dos concepto legales en su propio beneficio.

Primero, se otorgaron la facultad de nombrar a los administradores municipales y segundo, un que les permite, primero, nombrar a los administradores y segundo, aprobaron una ley para impedir que el Ejecutivo estatal pueda recortar los recursos al Congreso del Estado.

Así, nuestros señores legisladores se auto asignaron un presupuesto mayor a 600 millones de pesos que se reparten como se les da la gana, al igual que se reparten también la designación de los administradores municipales. Ahí está el negocio.

Este caso lo mencionamos a propósito del actuar del administrador del municipio de Tecomaxtlahuaca, quien no ha cumplido con su obligación legal y constitucional que es generar la condiciones para el desarrollo de las elecciones y los ciudadanos puedan elegir a sus propias autoridades.

Pero el señor se engolosinó con el dinero y no ha hecho gran cosa para cumplir con su obligación, seguramente porque se siente protegido e incondicional de la diputada priista, Lilia Mendoza Cruz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

Desafortunadamente en Oaxaca, algunos diputados hacen absolutamente nada por abonar a la solución de los conflictos poselectorales, al contrario, viven de ellos para mandar a sus cuates, el caso fehaciente es el del administrador en Tecomaxtlahuaca.

Este asunto es muy delicado. Problemas de esta naturaleza pueden propiciar enfrentamientos con fatales consecuencias y luego nadie se hace responsable, todos se voltean y dejan las cosas pasar.

Pero otra “vergüenza nacional” es también la impericia de los abogados oaxaqueños.

Aunque muchos no lo quieren ver. Este es el caso más grave de cinismo, desvergüenza, desfachatez de nuestros diputados locales, pero también una marcada pereza de los abogados oaxaqueños, porque parece que ninguno tiene ánimos, tiempo o los conocimientos para interponer una controversia constitucional contra la decisión de los diputados.

Nuestros representantes populares en Oaxaca, en dos ocasiones, contrario a lo que dicta la norma jurídica de este país, en donde señala que nadie puede legislar en su propio beneficio, los señores integrantes de la LXII Legislatura estatal, abonaron para leyes en la que ellos mismos se dan la facultad de nombrar administradores.

Se reparten también la facultad de nombrar a los administradores municipales y de generar conflictos y no resolverlos. Ahí está el negocio. Esto pone al Congreso local, insisto, en el escenario de la vergüenza nacional.

Los abogados oaxaqueños, absolutamente todos, no quieren, no intentan o simplemente no saben interponer un recurso en beneficio de la sociedad.

Ayer mismo, el juez quinto de distrito en el estado declaró inconstitucional la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que permite al Congreso local designar administradores en los municipios, regidos bajo un sistema normativo interno, que por alguna razón no hayan podido elegir a sus autoridades o que la elección se hubiere declarado nula o no válida.

En un boletín difundido a este respecto, se menciona que en el juicio de amparo número 183/2014, promovido por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) a través de una persona indígena zapoteca de Santa María Atzompa, el juez de distrito que conoció del asunto, determinó que la reforma al artículo mencionado, aprobado el 12 de diciembre de 2013 y publicado el día 27 de ese mismo, es inconstitucional porque viola la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades de Oaxaca al no permitirles nombrar a sus propias autoridades y porque, previo a la reforma, no existió un proceso de consulta. (Tomado del noticiario radiofónico).