Los propósitos de la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, se establecen por primera vez, en sus términos generales, en el Pacto por México. Obedece en parte a un reclamo de los gobiernos estatales por revisar la operación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992 (ANMEB).

Durante años, los gobiernos de los estados insistieron en la urgencia de revisar y establecer nuevos criterios de política y de financiamiento de la educación. La muestra más evidente de las deficiencias del modelo ANMEB, está en el costo que se tuvo que asumir por la doble negociación con el sindicato a que daba lugar. Nada más en el caso de Oaxaca, dicho costo fue un déficit del presupuesto autorizado al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) que ascendió en el 2013 a mas de 7 mil millones de pesos, además de corrupción, opacidad y un severo daño a la educación de los niños y jóvenes de este estado, junto al desprestigio de la profesión docente que ha dado pie para que a los maestros de México se les trate como a menores de edad “evaluándolos” de forma casi paternal y autoritaria.

Después de la traición de la S22/MDTEO a las expectativas de los trabajadores de la educación que se sumaron a la protesta del 2013, devino el desconcierto y la desesperanza. Incluso al interior de la dirección de la S22 se notaba la angustia y el desasosiego. La reforma educativa no sólo implicaba perder las prestaciones y privilegios conquistados durante más de 30 años; se trataba además de la pérdida del control sobre los instrumentos que hacen de los maestros una masa amorfa y fácil de manipular: la nómina, la administración de las incidencias de personal, llámense promociones, cambios, contrataciones, préstamos, licencias, etc., y los espacios de poder en el IEEPO; se trataba prácticamente del colapso del MDTEO.

Como he dicho antes, el riesgo de perder las prestaciones, el poder y los privilegios logrados, se explica en parte por el total abandono de la S22 de su función sindical. Esa organización había derivado en un aparato de control supuestamente democrático, en un sistema de conflicto y protesta que mantiene a más de 3 millones de oaxaqueños como rehenes ante la mirada complaciente de los gobiernos federal y estatal, una organización que se acostumbró a lograr sus “victorias” mediante el chantaje y el terror. Esa es en parte la razón por la que no podían negociar la prevalencia de sus derechos y por tanto de sus prestaciones; todas estaban sostenidas con alfileres.

En el 2014, la dirigencia de la S22/MDTEO fue sometida al bombardeo del fuego amigo, pero mantuvo su capacidad de resistencia. En efecto, impidieron que el censo impulsado por el INEGI se aplicara en Oaxaca y propusieron el “plantilleo” para sustituirlo; pero no fueron capaces de sacar adelante su propia propuesta, porque los niveles educativos se encargaron de sabotear el “plantilleo”. Hasta ese grado llega la descomposición de la S22/MDTEO.

En vano la Secretaría de Gobernación les prometía que si presentaban propuestas, sus derechos quedarían a salvo e incluso una buena cantidad de quienes habían sido contratado fuera de la ley; se hablaba de más de 20 mil plazas irregulares.

Muchos trabajadores pensaron en retirarse o renunciar ante un panorama tan desalentador. Una fracción de la dirigencia de la S22 se abocó a la búsqueda de expertos que los ayudaran a formular las propuestas que la SEGOB les pedía, a pesar de la cerrazón del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hasta julio de 2014, los esfuerzos fueron infructuosos; todo parecía perdido.

La S22/MDTEO nunca imaginó que tres hechos serían su tabla de salvación: Tlatlaya, Ayotzinapa y el movimiento de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
A partir, sobre todo, de la masacre de Ayotzinapa, la estrella de la S22 cambió. De un aparato a punto del colapso, recuperó sus bríos y se puso a la cabeza de la protesta por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. En efecto, recuperó sus bríos, pero no superó sus contradicciones internas ni su debilidad sistémica.

La renovada fuerza de la S22 se mostró en la “prorroga” que el gobierno federal le otorgó para “conciliar” las plazas de las nóminas del IEEPO. Ya no sería enero; sino marzo. Todo esto después de aquella nota de Carlos Loret de Mola del 12 de agosto, donde se afirmaba que en una reunión de altos funcionarios federales alguien comentó: “Les vamos a romper la madre a los de la CNTE”. No fue así.

Desde el nombramiento del nuevo director general del IEEPO, se aceleraron los trabajos para la conciliación; a la administración del gobernador Gabino Cué le urgía entregarle a la federación la papa caliente que siempre le representó el pago y la contratación de los maestros de la S22. Por su parte los diputados del Congreso del Estado, no se dieron por enterados de nada. La nueva Ley de Educación que debían poner en consonancia con las correspondientes federales, parecía no importarles y con ello reforzaban la imagen nacional de una Oaxaca sin ley…, al menos educativa.

Muchos son los aspectos que tuvieron que acordarse para dar lugar al acuerdo de “conciliación” de la nómina del IEEPO, y el correspondiente pago federal en enero, entre otros: el número total de trabajadores, que pasó de 74 mil a 81 mil y quedaron en espera al menos 7 mil más para llegar a un total de 88 mil trabajadores en nómina. El tercer informe del gobernador Gabino Cué menciona 84,991 trabajadores.

Otro asunto crucial tuvo que ser el monto del sueldo base, sería el de la zona económica II o se daría el salto a la zona III, esto último por encima de la ley y de toda racionalidad económica. El IEEPO anunció que se les pagaría a todos los trabajadores de la educación de Oaxaca con los salarios de la zona III, ¡ojo! No homologado a la zona III, sino con salarios de la zona III.
El tercer asunto tendría que ver con las prestaciones y derechos adquiridos, uno de ellos el “aguinaldo” de 90 días. En Oaxaca se pagaban los 40 días de aguinaldo que establece la ley y 50 días de bonos de “productividad” asimilables al aguinaldo. El reclamo insistente de la S22 fue que los 90 días se reconocieran como aguinaldo.

Otro tema importante para la conciliación tuvo que haber sido el de los días adicionales que se le pagaban a los trabajadores de la S22 y, finalmente para no agobiar al lector, el tema de los impuestos, ya que hasta el 31 de diciembre de 2014, no se aplicaba el modelo impositivo a los trabajadores de la educación, tal y como lo exige la ley. Al respecto, la Secretaría de Hacienda ya había hecho varios requerimientos y aplicado varias multas al gobierno del estado de Oaxaca.

Si todo esto y otras cosas se resolvieron favorablemente para la Sección 22, podría comprenderse porqué la comisión política aceptó el pago en enero de este año ya bajo control del gobierno federal; lo que no imaginaron fue ¡la inconformidad dentro de sus propias filas!

El primer señalamiento crítico fue que la comisión política hubiesen permitido la visita del presidente Enrique Peña Nieto a tierras oaxaqueñas sin movilizar al magisterio. El segundo señalamiento fue que el acuerdo de transferencia del sistema de pagos a la federación se había pactado para marzo y no para enero. Hasta Rubén Núñez Ginez, declaró que el pago en enero ponía en riesgo la inclusión de otras “incidencias” (incidencias= contrataciones) recientes de personal (¿contrataciones en diciembre?). El tercero fue que Bancomer no era de su agrado y que los cheques no tenían el talón de desglose de percepciones y deducciones. Pero lo más importante fue el señalamiento de que al aceptar el sistema de pagos de la federación, la dirigencia perdía el control político y administrativo del sector educativo en Oaxaca.

Ante esto, la Comisión Política se vio obligada a dar la orden de no cobrar los cheques porque esto implicaba de facto aceptar la Reforma Educativa; pero entonces, después de tantas negociaciones con el gobierno federal y estatal, la prórroga etc. ¿no pensaban aceptarla?

El llamamiento de la dirección fue un fracaso. La información del propio sindicato indica que más del 70% de los 81 mil trabajadores, cobraron sus cheques o aceptaron sus depósitos, incluyendo a los dirigentes seccionales y a la comisión política.

Ante esto, llamaron a movilizarse y a realizar acciones “contundentes”; desde luego, no contra el gobierno federal, sino contra los oaxaqueños.

Lo que sigue es previsible: se intensificarán sus movilizaciones atacando el lado vulnerable del sistema político, las elecciones federales. Seguirán cobrando bajo protesta; pero eso sí, podrían declarar el paro indefinido de labores. ¿Actuará la federación de la misma manera en como han actuado los gobiernos estatales? Es decir, ¿les pagarán sin trabajar? Ya veremos.

Por lo pronto la S22/MDTEO seguirá arrastrando el lastre de sus contradicciones internas hasta que colapse. El costo de esa espera para los oaxaqueños y para el país entero será muy alto.