Oaxaca, Oax.- México, como Estado parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre de 2006, reconoce que “las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad y el país se compromete a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación”.

El derecho a la no discriminación es la base para garantizar una educación inclusiva, así como la llave para el acceso real a otros derechos humanos. Se trata de uno de los fundamentos de toda sociedad democrática.

La educación inclusiva no puede alcanzarse sin una serie de ajustes integrales dentro de las escuelas, que deben realizarse de manera progresiva; en otras palabras, lograr una educación inclusiva prevé cambios radicales, pero no por ello inmediatos, por el contrario, deben conseguirse por medio de avances progresivos. Constantemente deben actualizarse los elementos que propician la educación inclusiva para adaptarse a las exigencias del grupo y necesidades particulares.

Como lo menciona la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, la educación inclusiva debe extenderse a todos los niños, porque cada persona tiene necesidades de aprendizaje propias.

Niños con necesidades educativas especiales no deben ser segregados de las escuelas que son para todas y todos. Las escuelas que posean un enfoque inclusivo/integrador son una medida eficaz para combatir la discriminación en la sociedad, además de que garantizan una educación de calidad con costos razonables para los sistemas educativos.